En política nada es seguro: aún con mensajes de "indignación" presidencial, la advertencia de veto de Felipe Solá y de la propia admisión de "errores" de los legisladores, la ley de jubilación de privilegio para ex gobernadores, vices y legisladores no podrá ser derogada en lo inmediato porque la Cámara de Diputados decidió pasar "a estudio" el proyecto que elimina ese régimen de excepción.

El origen del conflicto surgió hace dos semanas, con la presentación de una iniciativa para que los intendentes pudieran jubilarse a los 50 años con la mitad de los haberes de los jefes comunales en actividad. La iniciativa que provocó un fuerte rechazo en los más altos niveles institucionales de la provincia y la Nación, preveía la incorporación de los intendentes a la Ley 5675 que establece esa prerrogativa para ex gobernadores, vices y legisladores.

El 27 de junio fue aprobada en Diputados y estuvo a punto de recibir tratamiento en el Senado. Los cuestionamientos sobre elemental negación a "derechos de igualdad" ciudadanos, frenaron el intento.

El presidente de la Nación, Néstor Kirchner, transmitió su "indignación" al ministro de Gobierno, Florencio Randazzo, quien ofició de vocero del agravio. En plena gira por Washington, en busca de asistencia financiera para las cuentas provinciales en rojo, Solá también reaccionó: "Es el colmo y una burla a la gente". Amenazó con el veto si pasaba el trámite en el Senado. La vicegobernadora Graciela Giannettasio reunió a los bloques parlamentarios y acordaron no tratar el proyecto con media sanción.

La presión de los hechos provocó comportamientos duales e incomprensibles. Algunos diputados pasaron de la aprobación en el recinto a la crítica destemplada con velocidad centellante. Como la ley 5675, sancionada en 1951, había quedado al descubierto como un trámite de privilegio, todas las bancadas prometieron su derogación.

La norma fija para gobernador y vice la posibilidad de jubilarse a los 55 años con el 82 por ciento móvil. También contempla las pensiones a las viudas y/ o hijas solteras, viudas, casadas o separadas o hijos varones menores de 18 años de esa categoría de funcionarios y de legisladores.

El Instituto de Previsión Social (IPS) paga 154 de estas jubilaciones (101 jubilados y 53 pensionados). Representa $ 1.600.000 por mes y $ 19.200.000 al año. Los beneficiarios perciben entre 3.000 y 10.000 pesos mensuales. La eventual derogación no tendrá carácter retroactivo.

Los diputados del Frente para la Victoria, del PJ y de la UCR, a excepción del ARI que planteó el tratamiento sobre tablas, decidieron un período de 30 días para evaluar el tema.