Aunque el presidente Milei asegura haber eliminado la pauta oficial, un informe revela que más del 66% de la inversión en publicidad digital durante la campaña porteña salió de cuentas afines a La Libertad Avanza. La más costosa fue la de la Fundación Faro, que gastó más que cualquier partido.
El Gobierno de Javier Milei ha proclamado con vehemencia el fin de la «pauta oficial» a los medios de comunicación, presentándolo como un acto de austeridad y transparencia. Sin embargo, un análisis detallado de los gastos en publicidad digital durante las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires revela una realidad contradictoria: La Libertad Avanza (LLA) fue el espacio político que más invirtió en publicidad en las plataformas de Meta (Facebook e Instagram), superando ampliamente a otras fuerzas políticas.
Según un informe del Centro de Datos de Chequeado, en el mes previo a los comicios, más de 30 cuentas afines a LLA se ubicaron entre las 50 que más gastaron en publicidad política en Meta, sumando aproximadamente $470 millones, lo que representa el 66% del total pautado en ese período .

Destaca especialmente la cuenta «Ratio», perteneciente a la Fundación Faro, presidida por Agustín Laje, cercano al presidente Milei. Esta cuenta lideró el gasto con $173 millones invertidos en anuncios que criticaban al gobierno porteño y a candidatos opositores. Le siguió la cuenta oficial de La Libertad Avanza CABA, con $53 millones destinados a promocionar la candidatura de Manuel Adorni.
Este enfoque en la publicidad digital contrasta con la narrativa oficial de eliminar la pauta tradicional, evidenciando una reorientación de los recursos hacia las redes sociales, donde la fiscalización y transparencia son más difusas. Además, se ha señalado que el 87% de la campaña presidencial de Milei fue financiada con aportes estatales, lo que cuestiona aún más el discurso de reducción del gasto público .
En resumen, mientras el Gobierno proclama el fin de la pauta oficial como un símbolo de cambio, los datos muestran una estrategia de comunicación que privilegia el gasto en redes sociales, con fondos públicos, y una concentración de mensajes en cuentas afines, lo que plantea interrogantes sobre la coherencia y transparencia de estas políticas.
