En pleno año electoral, el oficialismo logró sancionar en el Congreso una nueva ley de financiamiento político. Con 147 votos positivos y 69 negativos, la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados tras la media sanción del Senado gracias al acompañamiento del massismo y del bloque Argentina Federal.

La nueva ley permite a las empresas privadas figurar como aportantes en las campañas electorales y comenzará a estar vigente en las próximas semanas. La reforma de la ley electoral habilita las contribuciones de los privados con un tope por empresa del 2% del total permitido por la Justicia para esa campaña.

La reforma aprobada este miércoles también disminuye del 10% al 5% el espacio que los medios audiovisuales deben ceder a los partidos en período de campaña, una medida que se concibió para descongestionar el caudal publicitario que en elecciones anteriores saturaba a las audiencias.

El miembro informante del oficialismo, el diputado Pablo Tonelli (PRO), se encargó de defender la iniciativa porque «restablece el financiamiento mixto de los partidos» en campañas», «evita la informalidad» al prohibir las donaciones anónimas, y le devuelve a «los ciudadanos el derecho a contribuir en el desenvolvimiento ordinario» de las agrupaciones políticas.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados salió al cruce de las críticas sobre una supuesta «privatización de la política», como sostuvieron el FpV y la izquierda, y dijo que ese tipo de argumentos «esconden una hipocresía» porque en los hechos las empresas siempre «terminan contribuyendo a las campañas».

La diputada del Frente para la Victoria María Emilia Soria cuestionó el proyecto al plantear que «es ajeno a la función social de las personas jurídicas financiar a partidos políticos, en tanto que su finalidad es el lucro y como tal de aportar al financiamiento de la vida política es lógico que pretenden una contraprestación a cambio».

A su vez, indicó que se trata de una iniciativa «hecha a medida de Cambiemos», para «solucionar sus problemas legales», como el que salió a la luz con la polémica por supuestos «aportantes truchos» en la campaña 2017.

Por su parte, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, salió a respaldar el proyecto que en Senado salió con el apoyo de la bancada justicialista, y dijo que no ve «el escándalo que se planteó de parte de algunos discursos».

En contra del proyecto, el titular del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá, consideró que la prohibición de las contribuciones de compañías «debe ser absoluta», y opinó que «el financiamiento de la política debe estar absolutamente en manos del Estado». En la misma sintonía, el jefe de la bancada FpV, Agustín Rossi, cargó contra el financiamiento privado y reivindicó al Estado como «el gran distribuidor, en éste como en tantos otros temas».