Cuando el presidente Javier Milei regrese hoy a Argentina después de visitar nuevamente los Estados Unidos y El Salvador para participar en la ceremonia de investidura de Nayib Bukele, se enfrentará a una situación delicada en su gobierno. Este momento se marca como uno de los más complicados desde su asunción en diciembre del año pasado, con una semana particularmente difícil. Esta comenzó con la dimisión de Nicolás Posse y culminó con una serie de problemas, incluyendo la controversia relacionada con la distribución de alimentos, acusaciones mutuas entre funcionarios y la destitución de un miembro del gabinete debido a presuntas irregularidades en la gestión de fondos en el Ministerio de Capital Humano.

El Ministerio liderado por Sandra Pettovello no solo incumplió con la orden judicial de presentar un plan para la distribución de alimentos que, en lugar de ser entregados a comedores y merenderos, fueron almacenados, sino que también proporcionó listados con cantidades variables de productos según el solicitante. Debido a esta falta de cumplimiento y a la «falta de confiabilidad» en la información proporcionada, el juez Sebastián Casanello ordenó el pasado sábado, a solicitud de la fiscal Paloma Ochoa, una inspección en el depósito de Villa Martelli. Similarmente, el día anterior, se llevó a cabo una inspección en el galpón de Tafí Viejo, en Tucumán, por orden de un fiscal provincial. En ambas investigaciones se consideró la admisión por parte del propio Ministerio, a cargo de Sandra Pettovello, en un comunicado, del «pobre desempeño» en el control de inventario de productos y en el seguimiento de las fechas de vencimiento.

El escándalo se intensificó el pasado jueves después de que el Ministerio de Capital Humano entregara al juzgado de Casanello las planillas que revelaban no solo el almacenamiento de 5,9 millones de kilos de alimentos, sino también la existencia de 339.867 kilos de leche en polvo con fecha de vencimiento en julio y 40 kilos de arroz con hortalizas ya caducado. Ante estas pruebas, Pettovello decidió destituir al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, quien estaba a cargo de la política de seguridad alimentaria y había afirmado que la comida almacenada era para situaciones de emergencia y desastres naturales.

Se ha filtrado desde la cartera que lo han denunciado ante la Oficina Anticorrupción (OA). Sin embargo, la acusación no guarda relación con el almacenamiento y la expiración de los alimentos, sino con revelaciones sobre un convenio realizado con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), parte de cuyos fondos podrían haber sido utilizados para pagar a funcionarios que aún no estaban designados y para otorgar sobresueldos a otros. La cuestión es que se habrían utilizado acuerdos convencionales que en realidad están destinados a la contratación externa de especialistas para proyectos específicos.

Es importante señalar que Pettovello misma podría estar implicada en esta situación. Si la OA investiga los fondos transferidos a la OEI, descubrirá que el 6 de marzo se publicó una resolución que aprueba un acta complementaria de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Niñez y el organismo internacional, en la que se ordena la transferencia de 6.772.500.000 pesos de fondos públicos. Este documento está firmado únicamente por la ministra, a pesar de que las normas de contratación del Estado establecen que, si la suma supera los 2.500 millones, debe ser firmado por el jefe de gabinete. Estos fondos tendrían diversos destinos, incluyendo contratos supuestamente desviados y la compra de alimentos, para la cual Capital Humano delegó a la OEI la licitación y adquisición de lentejas y aceite, a cambio de una comisión del 5%. Contrario a lo que afirmaba el Gobierno, no todo fue adquirido durante la gestión anterior. Además, este método evita los controles locales.

La denuncia presentada ante la OA relata que Federico Fernández, director general de administración de la Secretaría de Niñez, declaró en una investigación interna haber presenciado una reunión donde las autoridades de esa dependencia planeaban realizar pagos a personas sin nombramiento y a otras que recibían salarios bajos, desviando así los convenios con la OEI de su propósito original. Fernández proporcionó nombres de funcionarios ya retirados, explicó que con esos contratos se podía facturar hasta 1,3 millones de pesos, y según el documento en posesión de la OA, mencionó que «el dinero que algunos consultores cobraban era cambiado a dólares estadounidenses y que los ‘remanentes’ en dólares eran entregados a Pablo De la Torre». Al final de su declaración, solicitó aclarar que «Sandra Pettovello no estaba al tanto de esta situación irregular».

La OEI emitió un comunicado esta semana para distanciarse de situaciones anómalas, explicando que es un organismo de cooperación multilateral con numerosos convenios, incluyendo uno con Capital Humano. Afirmaron que la compra de alimentos para mejorar «la calidad nutricional» permitió un ahorro del 40% y que la comisión corresponde a los gastos de gestión. No hicieron mención a la licitación. También declararon que en los contratos de prestadores solicitados por la Secretaría de Niñez ellos solo «ejecutan» decisiones, y que el presupuesto «de cooperación para Argentina» «es de más de 6.000.0000.000», documento que lleva la firma de Pettovello.

Hasta el momento, la ministra dio a entender, como luego explicó el jefe de gabinete Guillermo Francos, que «la información proporcionada a Pettovello sobre estos alimentos en depósito no incluía que algunos estaban vencidos, como fue el caso de la leche en polvo. Cuando se enteró de que había leche en polvo con fecha de vencimiento en julio, ordenó su distribución inmediata y tomó medidas con el funcionario a cargo…». Aunque se anunció la distribución, no se informó al juez Casanello. Es importante recordar que el corte en la distribución de alimentos para comedores sociales ocurrió poco después de que Javier Milei asumiera la presidencia, argumentando presuntas irregularidades y poniendo en duda la integridad de las organizaciones sociales. Esto generó protestas durante el verano, incluyendo la «fila del hambre» en febrero, un tema que sigue presente y vigente.

La fiscal Paloma Ochoa, encargada de la investigación en la denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois (Argentina Humana) contra Pettovello en febrero pasado, solicitó al juez Casanello que ordenara el allanamiento del galpón de Capital Humano ubicado en Villa Martelli, donde se encontraban aproximadamente 2,7 millones de kilos de alimentos. En un dictamen, destacó ciertos aspectos que le resultaron llamativos en relación al inventario proporcionado por el ministerio: la proximidad del vencimiento de algunos alimentos (leche en julio, lentejas en agosto y yerba en septiembre), la presencia de alimentos ya caducados (arroz con hortalizas), el incumplimiento del plan de distribución de los productos almacenados pasadas las 72 horas, y un comunicado en el que se asumían responsabilidades. El Gobierno apeló la orden del juzgado y este miércoles se llevará a cabo una audiencia en la Sala II de la Cámara Federal.

«El estado de situación planteado evidencia la falta de fiabilidad de la información proporcionada por un organismo descentralizado de la administración pública federal, el Ministerio de Capital Humano, que públicamente cuestiona su propio funcionamiento; todo esto señala claramente la gravedad de la situación, en un contexto en el que los efectos de lo investigado en este sumario tienen repercusiones directas en la salud de la población«, argumentó la fiscalía.

El juez ordenó «una orden de presentación con allanamiento en subsidio», que se llevó a cabo este sábado. Dado que la policía pudo ingresar sin dificultad, se trató de una inspección. La resolución que dispuso esta medida señalaba que se pretendía verificar una serie de inconsistencias —también señaladas por la fiscalía de Ochoa— ya que la información sobre los alimentos, su cantidad y fechas de vencimiento proporcionada en su despacho el 28 de mayo, no coincidía con la remitida el 5 de marzo pasado al juzgado en lo contencioso administrativo de Walter Lara Correa, que tramita un amparo colectivo sobre el mismo tema, ni con la que resultaba del resultado de una solicitud de acceso a la información pública presentada por la querella el 30 de abril.

Por ejemplo, en los dos primeros registros figuraban 130.270 kilos de aceite mezcla, mientras que en el último no se mencionaba nada al respecto; la cantidad de harina de trigo pasó de 18.380 kilos a 9.149 y luego a cero; la leche en polvo, de 415.432 kilos, disminuyó a 397.887 y finalmente a 389.351; en el locro se restaron 1675 kilos; en el arroz con carne, 1 kilo; en el puré de tomate, 1.398; el guiso de lentejas pasó de 568 kilos a cero; 40 kilos de arroz con hortalizas caducaron y de la yerba mate desaparecieron 4.428 kilos. Desde el 30 de abril, aclara el juez, solo se entregaron 37.500 kilos a algunas provincias y se registraron movimientos de un galpón a otro, incluyendo 65.169 kilos de aceite y 1.380 kilos de puré de tomate.

«Si se consideran únicamente los alimentos mencionados (nueve en total), existe una diferencia considerable que no puede ser justificada, incluso teniendo en cuenta las salidas informadas», sostuvo el juez.

Por tanto, decidió que era necesario «verificar la precisión de los datos sobre el stock, la fecha de vencimiento y el estado de los alimentos almacenados». «Este pedido de la fiscalía, respaldado anteriormente también por la querella, se basa en un principio elemental de responsabilidad y transparencia que se alinea con el derecho de acceso a la información pública», señaló. Solicitó recabar información adicional sobre marcas, lotes, cantidades, fechas de ingreso, destino previsto (si lo hubiera), identificar cualquier otro tipo de mercadería, registrar en libros la información relevante, y documentar con fotografías y videos las instalaciones y el estado de la mercadería. El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina, aunque aún no se han divulgado los resultados obtenidos.

En el depósito de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, se encuentran almacenados aproximadamente 2,2 millones de kilos de alimentos. Allí se está llevando a cabo una investigación diferente, impulsada por organizaciones inscritas en el Registro de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM). Esta investigación está a cargo del fiscal Agustín Chit. A solicitud suya, el juez José Manuel Díaz Velez ordenó un relevamiento en el lugar, que fue llevado a cabo por Gendarmería, debido a las denuncias de que había alimentos almacenados que no estaban siendo entregados a tiempo a las organizaciones. Durante el relevamiento se encontraron aceite de girasol, aceite mezcla, lentejas, garbanzos, leche en polvo, puré de tomate, pasta de maní y yerba mate. Aproximadamente 2 millones de productos están en condiciones de ser distribuidos y alrededor de 600 mil están esperando autorización para su control de calidad. No se encontraron productos vencidos.

El personal de Capital Humano entregó la documentación de manera digital sobre la mercadería, incluyendo las fechas de ingreso y vencimiento. Uno de los funcionarios, que aparentemente es de carrera, proporcionó un dato relevante a los investigadores. Indicó que, si bien no existe un protocolo específico que precise cuándo debe entregarse cada alimento, existen prácticas y costumbres históricas marcadas por la lógica, como que todo debe ser entregado por lo menos 90 días antes de la fecha de vencimiento (de lo contrario, se devuelve). En relación a lo almacenado en Tafí Viejo, nada está en riesgo, pero por ejemplo, la leche en polvo debería ser entregada con urgencia, ya que vence en septiembre. Si se aplicara el mismo criterio a los productos almacenados en Villa Martelli, miles de kilos deberían ser descartados.

Todo esto confirma la convicción del gobierno de Milei y su ministra Pettovello de cortar la provisión de alimentos a los comedores y merenderos de los barrios populares, apostando a desmantelar las organizaciones sociales, que son fundamentales para el sustento de estos barrios. Lo que se está viendo ahora es un espectáculo de excusas y contradicciones que deja al descubierto, más allá de cualquier cuestión de clase, que nada es tan transparente como intentan hacerlo parecer.