En lo que significa toda una jugada política, Daniel Scioli debutará con tarjetas de débito para el pago de planes sociales. Su futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, casi un cruzado de esta modalidad desde su actual puesto como número dos de Alicia Kirchner, dice tener todo listo. La idea es que, en no más de un mes, el Banco Provincia de Buenos Aires emita unos 750.000 plásticos donde se depositarán los fondos de la ayuda alimentaria a las jefas y jefes de hogar.

Ese beneficio consiste en 100 pesos mensuales. Con la tarjeta de débito, las familias se independizarán de los punteros o las manzaneras del barrio, que hoy les reparte los alimentos. Además, podrán comprar lo que necesita en los comercios que prefiera. Además, el proyecto es que reciban un 15% de devolución de IVA en cada compra, 10 puntos más que en las operaciones de ese tipo. La tarjeta tendrá un código de barras especial que impide, si se cumple con las reglas, la adquisición de bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Actualmente son las manzaneras las que se encargan de distribuir casa por casa los alimentos. Pero Arroyo imagina otro destino para este cuerpo, creado por Chiche Duhalde, en los barrios del conurbano. Buscará que se ocupen de monitorear la asistencia a clases y a los centros de salud de los chicos.

El futuro ministro, con un presupuesto en su cartera de 2.500 millones de pesos anuales, se focalizará en el conurbano donde viven 9 millones de los 13 millones de habitantes de la Provincia. Y es considerado, junto al Norte del país, uno de los lugares donde peor se vive. El 40% de la gente del conurbano es pobre, aunque tenga empleo.

El objetivo de su política social será un grupo creciente de jóvenes de 18 a 25 años que no trabaja ni estudia. El número da escalofríos: llegan a los 500.000 y se considera una población de alto riesgo.

Arroyo estuvo investigando en España y en Inglaterra lo que serán sus nuevas agencias de empleo. Por lo pronto, destinarán 700 millones de pesos a un programa de cuatro años que intentará capacitarlos, buscarles trabajo y darles contención. La idea es generar redes comunitarias que les sirvan de paraguas.

Prometen inaugurar en breve 45 oficinas de empleo y capacitación en los lugares más difíciles del segundo y tercer cordón. Cuando llega el joven le harán un diagnóstico para evaluar su nivel de calificación para el empleo y los ayudarán a encontrar trabajo con tutores sociales. A esas oficinas ya las imaginan como verdaderos bancos de trabajo.

En paralelo implementarán un plan de blanqueo laboral a cargo de un cuerpo de más de 2.000 inspectores. El 45% de los puestos de trabajo del conurbano están en negro.