El Senado de Mendoza aprobó de manera definitiva este martes el proyecto para que la provincia adhiera al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) sancionado por el Congreso como parte de la ley Bases.

De esta manera, es el tercer distrito en plegarse a la normativa, luego de que lo hicieran previamente Río Negro y Jujuy. Sin embargo, desde abajo comienza a surgir el rechazo ante el saqueo y el despojo que implica este régimen que solo beneficia a grandes capitales.

«El RIGI está dirigido a las inversiones para la exportación de más de 200 millones de dólares y da beneficios premium si superan los 1000 millones de dólares. Cuanto mayor es el capital menos impuestos deben pagar, y ya son varios los fondos de inversión extranjeros que dicen esperar expectantes la aprobación de la misma. Como si el régimen fiscal hoy no fuera el más favorable de la región», explican Natalia Morales y Lihuen Eugenia en una nota del medio la Izquierda Diario que se titula Ley Bases, RIGI y las venas abiertas del saqueo imperialista de litio y cobre. 

«Un informe de la FARN menciona que el RIGI profundiza este régimen de privilegio del sector minero quitando toda mínima regulación y reduciendo diversos tributos. Además le quita facultades a los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesión al Régimen minero es una opción de las provincias, el RIGI las incluye de manera compulsiva. Durante 30 años se prohíbe cualquier tipo de impuesto de provincia a cobrar, pero además, cualquier litigio y conflicto con el Estado y sus partes, la empresa o el fondo de inversión puede ir a justicia federal o internacional (donde manda el CIADI – tribunal del Banco Mundial – que ya sabemos del lado de quien fallaría)», denuncian.

Pero el caso de Mendoza, gobernado por el radical Alfredo Cornejo,  es particularmente significativamente más grave: la adhesión de la provincia implica un peligro concreto para la ley que protege el agua de la megaminería contaminante.

Además, como si fuese poco, establece que se podrá judicializar en tribunales internacionales la aplicación de esta Ley (y otras que limiten el saqueo extractivista). «Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por si y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá en forma inmediata, impedir su aplicación”, dice el texto que votarán los legisladores.

Vale recordar la discusión por Ley 7722, la cual se resistió en las calles de Mendoza, contra el lobby minero patrocinado por peronistas y radicales indistintamente. Allí fracasó el intento por modificar el Código Minero en beneficio de las grandes mineras.

Ahora el RIGI va un paso más allá, abriendo la posibilidad de que las mineras impugnen el alcance de la Ley en tribunales internacionales: establece para las empresas el «uso prioritario de insumos escasos». ¿Qué quiere decir esto?, que las mineras tendrán prioridad del uso del agua por sobre el consumo domestico y el riego productivo, poniendo en riesgo el acceso al agua de la población y de la producción agrícola. 

En una provincia que lleva más de 10 años en emergencia hídrica, este beneficio a las mineras implica un brutal saqueo al derecho elemental del derecho al acceso al agua que, combinado con la posibilidad de limitar los alcances de la Ley 7722 y reintroducir la megaminería contaminante, sólo preanuncia más saqueo ambiental y pobreza para las y los mendocinos.