Santiago Caputo está buscando que Javier Milei realice una acción contundente en apoyo a los perpetradores de genocidio para llevarlo a otro nivel en lo que él considera una «batalla cultural» más relevante que los aspectos económicos o las negociaciones políticas.

El equipo Marlboro, dirigido por el principal asesor del presidente, ha mantenido encuentros con personas cercanas a Victoria Villarruel, quien espera un 24 de marzo distinto a los años anteriores.

La vicepresidenta ha forjado su carrera como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una organización que aboga por la investigación de actos de violencia y muerte perpetrados por movimientos revolucionarios antes del golpe de Estado de 1976.

Ella trata de separar esa agenda de su rol institucional, aunque espera algún gesto por parte de la Casa Rosada. Al igual que Karina Milei eliminó el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada el Día de la Mujer, el Gobierno busca enviar otro mensaje contundente el domingo.

Los seguidores del pensamiento libertario buscan cambiar el enfoque del día en que se recuerda a las víctimas de la última dictadura militar, mientras que la vicepresidenta tiene la esperanza de participar activamente en la conmemoración del 24 de marzo. «Podría haber disturbios», expresó un partidario libertario de la primera hora, refiriéndose a la posibilidad de una «contramarcha».

El propio Milei afirmó incluso durante un debate presidencial que «no fueron 30 mil» los desaparecidos, lo cual para los libertarios representa una corrección política, pero para la oposición y los organismos de Derechos Humanos se considera negacionismo.

En cuestión de horas, el Gobierno entró en la disputa de la época setentista. El ministro Luis Petri se fotografió con Cecilia Pando y respaldó la teoría de los «dos demonios», a pesar de seguir siendo miembro del partido que impulsó el enjuiciamiento de las Juntas Militares.

Milei propuso a Manuel José García Mansilla para la Corte Suprema, quien es asociado al hijo del exministro del Interior de la dictadura, General de División Horacio Tomás Liendo, que brevemente ocupó la presidencia de facto en 1981. Su eventual nominación recordó el fallo de 2×1 a favor de los represores que la Corte Suprema tuvo que revertir en 2017. Dos de los tres jueces que votaron a favor fueron Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz. La tercera fue Highton de Nolasco, cuyo puesto el gobierno busca llenar con García Mansilla.

En el oficialismo esperan que el mensaje de Caputo vaya más allá de ser solo un hashtag en las redes, por lo que han comenzado a circular rumores sobre indultos a los genocidas.

La figura del indulto, que solo puede ser otorgada por el presidente, es objeto de controversia en la Justicia en casos de delitos de lesa humanidad y está prohibida por la ley 27.156 para tales casos. La discusión entre los juristas se centra en si una ley puede anular un poder constitucional del presidente, ya que el artículo 99 de la Constitución le otorga al mandatario la facultad de indultar. Quizás por eso, con una coincidencia sorprendente, la Cámara de Casación emitió un fallo este mismo miércoles recordando que el indulto es «incompatible» en casos de lesa humanidad.

El Gobierno, que había enviado discretos operadores para evitar que este fallo saliera a la luz, ahora está considerando otra estrategia para beneficiar a los represores que están en prisión, como Alfredo Astiz, quien cumple cadena perpetua en la cárcel de Ezeiza, proponiendo que continúen su condena en arresto domiciliario.

 

Fuente: LPO