El Municipio de San Martín presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia una acción para que se declare la inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad inmediata del Decreto Provincial N° 1289/2019 y del art. 104 de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial N° 15.078, por desfinanciar y avasallar la autonomía municipal.

Durante 2019, la Provincia de Buenos Aires suscribió distintos acuerdos con las distribuidoras eléctricas, en los cuales no participaron los municipios y que los obligan a pagar altas sumas.

En este sentido, según el artículo 104 de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial el costo de la tarifa de Energía Eléctrica correspondiente a los Asentamientos será asumido por la Provincia hasta la suma que por dicho concepto pagó en el ejercicio 2018. Los costos adicionales serán afrontados por los respectivos Municipios.

Como consecuencia, EDENOR le reclama al Municipio de San Martín $152 millones de pesos en concepto de costo por consumo de energía eléctrica de los asentamientos ubicados en el partido. De esta manera, se perjudican los derechos de los ciudadanos, privándolos de servicios, obras públicas y beneficios contemplados en el presupuesto aprobado por su Cuerpo Deliberativo.

Asimismo, el cálculo utilizado por la distribuidora está basado en la categoría R2, de consumos medios y altos, cuando en realidad el servicio que se brinda en los asentamientos es de mucha menor calidad.

De esta manera, el Municipio obtuvo una medida cautelar luego de presentar ante la Justicia el reclamo de que ninguna autoridad puede imponer a los Municipios gastos que ellos mismos no hubiesen autorizado, ni privarlos del derecho de invertir sus recursos en la forma que dispongan sus poderes legalmente constituidos.

El intendente Gabriel Katopodis viene acompañando a los vecinos y vecinas, a los clubes de barrio, PyMEs e instituciones de la ciudad en la presentación de acciones ante la Justicia para frenar el incremento abusivo de los servicios públicos.

Antecedentes

El 2 de febrero de 2016, Katopodis se reunió con el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por el impacto de las subas de los servicios públicos, y le exigió una Tarifa Social y una Tarifa PyME.

En mayo de 2016, el intendente acompañó a los clubes de la ciudad, que presentaron una acción de amparo y solicitaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal Civil y Comercial N° 2. Asimismo, en agosto de ese año Katopodis presentó un amparo para PyMEs de San Martín contra el tarifazo de gas.

En junio de 2017, la Justicia Federal dictó la primera medida cautelar contra el tarifazo, a favor de seis clubes de San Martín, sentando precedente para otras instituciones.

Por otro lado, en abril de 2018, junto a la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, Katopodis presentó un amparo para los vecinos que perdieron la Tarifa Social de Gas. Y en octubre, se trató de un amparo para frenar el nuevo tarifazo de gas, junto a clubes de barrio, centros de jubilados, PyMEs, comerciantes, sindicatos, trabajadores y trabajadoras.

En febrero de 2019, Katopodis abrió la ronda de exposiciones en la Gran Audiencia Pública Nacional contra el tarifazo, en un encuentro reunió a intendentes, legisladores, gremios, cámaras empresarias, red de multisectoriales, asociaciones, defensorías, PyMEs y clubes de barrio.

Asimismo, el intendente participó y expuso en seis de las Audiencias Públicas de gas y de luz que se hicieron en estos 4 años.

Además, en dos ocasiones, el Municipio de San Martín impuso multas millonarias a Edenor por el incumplimiento de la empresa a la ley de Defensa al Consumidor.