El jefe comunal decidió vetar la ordenanza que pretendía postergar “sine die” (es decir, sin un límite específico de tiempo) el avance de las obras ya emprendidas.

En su fundamento, Posse explica que el predio del Puerto de San Isidro, cedido hace dos años por decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal para que lo administre el municipio, se encontró en total estado de abandono tras décadas en las que los distintos gobiernos provinciales anteriores no sólo no hicieron obras, ni lo mantuvieron en condiciones, sino que permitieron ocupaciones irregulares.

En el decreto provincial que cedió el Puerto para que lo administre el municipio, se otorga a éste la facultad de realizar las obras necesarias para su recuperación y comenzar el diálogo para la relocalización de las familias allí instaladas. El Puerto es un predio público (como lo es una plaza o un parque público, por caso), por lo que no pueden instalarse particulares, ni tampoco haber prescripciones (adquisición de un derecho –como la vivienda- durante un tiempo previsto por la ley).

Por esa razón, el municipio inició un diálogo con amarristas, clubes náuticos, y particulares, con el objetivo de ir solucionando la situación de cada uno, “en el entendimiento de que el beneficio de todos es mayor al beneficio de unos pocos”.

En paralelo al inicio de las conversaciones con los diversos actores, la municipalidad solicitó un informe al Comité de Evaluación de Impactos Ambientales. El Comité efectuó el análisis correspondiente para el otorgamiento de la Aptitud Ambiental del proyecto, teniendo en cuenta la eventual contaminación, seguridad, infraestructura hidráulica, tránsito, estacionamiento, forestación, y la ejecución de las obras.

Al mismo tiempo, definió el destino de ese predio como Parque Público del Puerto, y avanzó con un proyecto que contempla la recuperación de la flora y fauna silvestre autóctonas, lugares de recreación, espacios verdes y “cero autos”. El proyecto prevé conectar este nuevo Parque Público, con la reserva municipal “Ribera Norte”, en lo que será el principal corredor ecológico de Zona Norte.

Sin embargo, la oposición en el Concejo Deliberante, el día 13 de junio sancionó la ordenanza 8995 que suspendía la realización de estudios y obras. Es decir, establecía un “statu quo” -no se podrían hacer modificaciones ni obras- del estado vigente: abandono, tomas, posesiones irregulares, “beneficiando a unos pocos que se aprovechan de esa situación irregular y afectando el beneficio de toda la comunidad de San Isidro”, se explica en el decreto mencionado.

“Intentar suspender el desarrollo del parque público proyectado (mediante la ordenanza mencionada) es injustificado y desproporcionado” remata el Decreto que firmó Posse.