La discusión por la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei busca llevar al Congreso en sesiones extraordinarias podría no terminar con su aprobación legislativa. Según advirtió el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, el esquema de control constitucional vigente en la Argentina abre la puerta a un escenario de impugnaciones judiciales que podría demorar su aplicación durante meses o incluso años.

En ese contexto, una eventual reforma laboral podría quedar paralizada mientras se acumulan decisiones judiciales dispares, hasta que la Corte Suprema unifique criterio. Rosatti recordó que una situación similar ya se produjo con disposiciones laborales incluidas en la Ley Bases, que fueron declaradas inconstitucionales por un juez del fuero laboral y aún no cuentan con una resolución definitiva del máximo tribunal.

El magistrado remarcó que el sistema actual no impide que los jueces se aparten de la doctrina de la Corte. “Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad”, afirmó, subrayando una de las claves del funcionamiento institucional que explica la multiplicación de litigios.

Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso incorpore una cláusula que obligue a todos los tribunales a respetar los fallos de la Corte, Rosatti se mostró prudente. “Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”, explicó. Y agregó que solo “en la medida en que la Corte diga que es constitucional” ese mecanismo podría evitar la repetición constante de los mismos reclamos judiciales.

Finalmente, el presidente de la Corte puso el foco en las consecuencias prácticas del esquema vigente. «El 60% de las causas que nosotros resolvemos provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es”, afirmó. «¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo”. Para Rosatti, el debate supera lo ideológico y apunta a encontrar una salida funcional que evite que reformas estructurales, como la laboral, queden atrapadas en un prolongado limbo judicial.

El titular del máximo tribunal explicó que el sistema argentino permite que cualquier juez declare la inconstitucionalidad de una ley, lo que habilita suspensiones parciales o totales en distintos puntos del país. «El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso”, señaló Rosatti, y aclaró: «Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo».