El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo se encuentra en el centro de una controversia política y judicial tras la difusión de una investigación que lo vincula con bienes y estructuras financieras no declaradas en el extranjero. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el legislador optó por un perfil bajo y limitó sus explicaciones públicas, lo que generó tensiones y especulaciones dentro de su propio espacio político.

En sus primeras reacciones, Ritondo sostuvo que las denuncias presentan información “mezclada y descontextualizada”. Este mensaje, compartido a través de un grupo de WhatsApp con los diputados del PRO, fue replicado por algunos aliados cercanos. Sin embargo, otros dirigentes, tanto de su espacio como de sectores rivales internos, expresaron dudas en privado sobre la solidez de las aclaraciones. Un legislador del PRO, que prefirió mantenerse en anonimato, afirmó: “No tengo por qué bancarlo, pero lo banco”.

Durante la semana posterior a la publicación de la investigación, Ritondo mantuvo contacto telefónico con varios diputados. Insistió en que los datos sobre las propiedades y sociedades en Miami no eran precisos y aseguró que dará explicaciones “cuando lo considere oportuno”. Este enfoque generó incomodidad en el seno del PRO, ya que algunos dirigentes esperaban un descargo público más contundente.

La controversia escaló cuando Ritondo no asistió a la cumbre del Consejo Nacional del PRO en el Abasto Hotel, a pesar de haber confirmado su presencia. Su ausencia evitó que la dirigencia, encabezada por Mauricio Macri, tuviera que manifestar un apoyo explícito, lo que habría profundizado las divisiones internas. En el evento, Macri evitó abordar directamente la situación de Ritondo y centró su discurso en cuestiones partidarias y críticas al gobierno nacional.

Avance de la investigación judicial

En paralelo al revuelo político, la causa judicial avanza en el Juzgado Federal de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. La denuncia, presentada por el abogado Jeremías Rodríguez, apunta a la supuesta acumulación de bienes no declarados mediante sociedades offshore y fideicomisos en el extranjero. El escrito detalla que se investigan cinco propiedades en Miami, valuadas en un total de 2,6 millones de dólares, vinculadas a Romina Diago, esposa de Ritondo.

El fiscal Taiano solicitó documentación para verificar la relación entre Ritondo, su esposa y las sociedades involucradas. Fuentes judiciales señalaron que los documentos revelados por la investigación periodística serán clave para determinar si hubo irregularidades en la gestión de estos bienes.

Detalles de la denuncia

Según los registros citados en la investigación, Diago habría gestionado propiedades a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y Delaware. Una de estas empresas, Sunstar Point, adquirió en 2014 un inmueble en Florida valuado en 650.000 dólares, utilizando un fideicomiso denominado Warwick Trust para administrar los bienes.

El entramado incluye otras sociedades, como Ilustre LLC y Goformore LLC, que figuran como propietarias de inmuebles adicionales en Miami. Estas propiedades, adquiridas entre 2013 y 2015, suman más de 1,5 millones de dólares. Según la denuncia, estas estructuras habrían sido utilizadas para evitar declarar los bienes, incumpliendo la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

El denunciante sostiene que, al estar casado, Ritondo debía incluir estos bienes en sus declaraciones juradas como funcionario público. Además, cuestiona su desconocimiento del origen y manejo de estas estructuras financieras. Por ahora, el legislador permanece en silencio, mientras la Justicia evalúa la validez de las pruebas presentadas.