Luego del encuentro entre gobernadores peronistas y la conducción de la CGT, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reclamó avanzar con una estrategia de confrontación sindical que incluya un paro general «por tiempo indeterminado» contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

En diálogo con Radio con Vos, el mandatario sostuvo que el rechazo a la iniciativa no responde solo a diferencias políticas, sino que tiene un fuerte sustento jurídico. «Es absolutamente inconstitucional, porque avanza sobre los derechos que están consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución. Por eso nosotros resistimos esta reforma», afirmó.

Quintela explicó que durante la reunión -de la que participaron seis gobernadores-, planteó de manera directa la necesidad de endurecer la respuesta gremial. «En la reunión que tuvimos con la CGT planteé que era necesario un plan de lucha, una resistencia a través de un paro general de 24, 48, 72 o 96 horas y después por tiempo indeterminado, con movilización», detalló.

Según señaló, las medidas de fuerza deben ir acompañadas por una propuesta política y social concreta. «Cuando la sociedad salga a la calle y vuelva a su domicilio, tiene que entrar con una propuesta que la beneficie o que le genere expectativa producto de su lucha por la defensa de sus derechos», remarcó, y expresó su expectativa de que haya definiciones en el corto plazo: «Esperamos que la CGT pueda decidir mañana el plan de lucha».

En ese marco, el gobernador reivindicó el rol histórico del peronismo frente a escenarios adversos. «La resistencia va a tener su costo, pero el peronismo está acostumbrado y siempre estuvo en la resistencia en la defensa de los derechos, no solo de los trabajadores, sino de todos los argentinos», sostuvo.

Consultado sobre una eventual judicialización de la reforma laboral si avanza en el Congreso, Quintela no descartó ese camino y volvió a cuestionar la gestión nacional en relación con las provincias. «Este gobierno lleva dos años y dos meses en el ejercicio de la función y nunca las provincias se vieron beneficiadas de su gestión. No tuvimos ni una vivienda, ni un puente, ni una obra de agua, de energía, no tuvimos una escuela ni la apertura de una fábrica. Absolutamente nada», enumeró.

En ese contexto, concluyó que el conflicto podría trasladarse también al plano judicial. “Por supuesto que sí puede haber judicialización. La CGT tiene que encabezar todo esto y nosotros acompañarla”, cerró, al tiempo que ratificó su respaldo a los trabajadores y anticipó un escenario de creciente tensión tanto en las calles como en los tribunales.