El embajador argentino en España e hijo de Raúl Alfonsín apuntó contra el ex carapintada. “La inmensa mayoría de los argentinos lo repudiará”, insistió.
El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, cruzó este sábado a Aldo Rico por haber llamado a sus «camaradas» a organizarse y consideró que «la inmensa mayoría de los argentinos lo repudiará» como ocurrió en la Semana Santa de 1987, cuando participó del levantamiento carapintada contra el Gobierno de Raúl Alfonsín, su padre.
«Pero qué se cree el Señor Rico! Parece que no le alcanzó con lo que hizo en los ‘80, que no fue suficiente», lanzó Alfonsín en Twitter, y siguió: «El señor Rico puede tener la certeza de que como ocurrió entonces, la inmensa mayoría de los argentinos lo repudiará».
Rico, que se alzó contra la democracia en 1987 y 1988, y que en los noventa fue intendente de San Miguel por el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modin), llamó a sus «camaradas» a organizarse a través de un video que se viralizó en las redes sociales.
«Cuando la patria está en peligro, todo es lícito», dijo Rico.
Pero qué se cree el Señor Rico! Parece que no le alcanzó con lo que hizo en los ‘80, que no fue suficiente.
El señor Rico puede tener la certeza de que como ocurrió entonces, la inmensa mayoría de los argentinos lo repudiará.— Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) July 23, 2022
En el video, además, afirmó: «Hoy nuestra amada patria, esta República, es una anarquía. No hay Gobierno. Todos están en la calle. Todos los movimientos piqueteros defendiendo al oficialismo. Otros defendiendo a la oposición. Lamentablemente, nuestras amadas Fuerzas Armadas están ‘conducidas’ por un delincuente terrorista que fracasó, que mató a la persona equivocada cuando tuvo que hacer un atentado».
Por eso fue denunciado penalmente por el Gobierno, que lo acusa de un delito que contempla una pena de hasta cuatro años de cárcel.
En el escrito, el Gobierno solicita a la justicia federal que investigue de manera urgente las expresiones de Rico ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas, tipificado en el artículo 226 bis del Código Penal.
