La agenda propuesta por el Gobierno abre grietas internas en el radicalismo que busca superar el debate sin agrietarse.
Mientras el Gobierno nacional avanza en los consensos para aprobar la reforma laboral, una política central en la planificación del ejecutivo para el 2026, la Unión Cïvica Radial afronta el debate interno de posicionarse frente al debate previsto para febrero. En este contexto, presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella buscará consensuar con los dos sectores y superar el conflicto que terminó con una conducción bicéfala.
El dirigente radical ha manifestado que el radicalismo no debe ser «ni aliado ni contra», sino manejarse con «sentido común», defendiendo la necesidad de una modernización del sistema laboral debido a los altos niveles de informalidad que atraviesa la Argentina.
En este marco, Chiarella trabaja para acercar posiciones con figuras de peso como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero, quienes inicialmente no apoyan su postulación de unidad.
En el plano legislativo, el debate expone las diferencias de criterio entre los senadores y diputados del radicalismo respecto al proyecto oficialista. Chiarella reconoce la necesidad de modernizar el sistema laboral para combatir el 43% de informalidad y frenar la denominada «industria del juicio».
Sin embargo, el presidente de la UCR exige que cualquier acompañamiento al Gobierno incluya salvaguardas específicas para el entramado de las PYMES nacionales.
Como se dividen los radicales en el Congreso.
El bloque de diputados de la UCR se divide en tres sectores principales con estrategias opuestas frente al oficialismo. Por un lado, el ala «dialoguista», alineada con gobernadores como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero, prioriza la gobernabilidad y el financiamiento provincial, apoyando las reformas siempre que protejan a las PYMES.
En el extremo opuesto, los llamados «Radicales con Peluca» conforman una minoría que vota en sintonía total con el programa de Javier Milei, incluso por encima de las directrices partidarias.
En medio de estas posturas se ubica el sector de «Provincias Unidas», que mantiene una visión crítica y de resistencia vinculada a la conducción anterior de Martín Lousteau. Este grupo cuestiona los métodos del Gobierno y exige un respeto estricto por la institucionalidad y los derechos adquiridos.
