La CGT y el Gobierno compartieron un diagnóstico: la reforma laboral reunió los votos para aprobarse, aunque el texto original no prosperó sin cambios. En la Casa Rosada se impuso el sector dispuesto a ceder en puntos concretos. Esa línea priorizó una victoria legislativa por sobre la versión más dura del proyecto. Del lado sindical, la conducción evaluó que el diálogo directo ofreció mejores resultados que una estrategia atada al peronismo parlamentario.

En la sede de Azopardo creció el malestar con la dirigencia política. Dirigentes sindicales señalaron una retirada del PJ en la pelea por los votos y cuestionaron el traslado de esa tarea a los gremios. “Si la política nos escuchara no saldría ningún artículo. Pero nos mandan a nosotros a juntar los votos y después le echan la culpa al sindicalismo de los problemas de la política”, expresó un referente de la central.

La CGT encabezó las conversaciones con senadores y gobernadores durante más de un mes. En cada encuentro marcó los puntos que consideró regresivos y pidió rechazar el proyecto. La agenda incluyó mandatarios aliados del Gobierno y referentes del peronismo, la UCR y el PRO no libertario. La desconfianza creció cuando algunos senadores prometieron frenar el dictamen y luego firmaron en comisión.

En el sindicalismo evaluaron que el Gobierno ganó margen tras la aprobación del Presupuesto y que la red de apoyos oficialistas resultó difícil de romper. Ese escenario empujó a la CGT a preparar una contrapropuesta para el ala dialoguista del Ejecutivo. El objetivo fue preservar derechos colectivos y asegurar paz social a cambio de cambios puntuales al texto impulsado por Federico Sturzenegger.

El Gobierno aceptó la necesidad de modificar el proyecto para lograr la sanción en febrero. Patricia Bullrich lo reconoció en público y anticipó nuevas rondas de diálogo. “El objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios (en el proyecto de reforma laboral) para llegar a los votos necesarios”, afirmó la ministra.

La negociación avanzó por dos carriles. Bullrich y Diego Santilli concentraron el trato con gobernadores y senadores. Santiago Caputo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, llevaron la conversación con la CGT. Cada mesa fijó sus líneas rojas.

Para la central obrera, los artículos invotables apuntaron al corazón del modelo sindical. El proyecto amplió el listado de actividades esenciales y limitó el derecho a huelga. También puso en riesgo el financiamiento de las obras sociales al reducir aportes patronales. Otro foco de rechazo fue la restricción de la ultraactividad de los convenios, que afectó las cuotas solidarias de trabajadores no afiliados.

Los gobernadores sumaron objeciones propias. Advirtieron que el artículo 191 redujo alícuotas de Ganancias para grandes empresas y recortó recursos coparticipables. Vieron allí una reforma tributaria encubierta y anticiparon su rechazo. En el Senado también se acumuló resistencia contra el Fondo de Asignación Laboral. El esquema propuso reemplazar indemnizaciones con un aporte del 3% destinado a la seguridad social. Sus críticos alertaron sobre un impacto directo en el sistema previsional. “Van a desfinanciar el sistema previsional”, advirtieron.

Con los puntos en disputa sobre la mesa, el Ejecutivo profundizó las conversaciones. La prioridad oficial fue que la ley saliera, aun con concesiones. Del otro lado, la CGT apostó a limitar el alcance del cambio y blindar derechos centrales. La pulseada entró en su tramo decisivo.