El debate por los cambios en la legislación laboral entró en una fase de mayor tensión política y fiscal, con varias provincias encendiendo luces de alarma ante el impacto que podría tener en sus cuentas una eventual merma en la coparticipación. El escenario se activó tras el dictamen que La Libertad Avanza logró firmar en diciembre pasado en el Senado, luego empantanado por los desmanejos de la Casa Rosada durante la discusión del hoy vigente Presupuesto 2026. De concretarse el avance, el Gobierno libertario asumiría un costo político adicional y, al mismo tiempo, condicionaría el clima del período ordinario que comenzará el 1° de marzo.

“¿A varios que rechazamos la reinstauración de Ganancias en el paquete fiscal de 2024 ahora nos piden esto?”, se quejó un legislador opositor. Desde otro despacho, con predisposición a colaborar, deslizaron a este medio: “Supongamos que estamos ‘mejor’ en la macro, aunque la salida formal de la recesión no la veo aún. Decime cómo hace un gobernador si en unas semanas te sacan el equivalente al pago de uno o dos meses de sueldos en una planta pública que ya recortaste. Ni con ATN -en referencia a los Aportes del Tesoro Nacional- te lo cubrirían. Y en el Senado representamos a las provincias. No se entiende”.

En las últimas horas, el oficialismo intentó moderar el discurso. “No parece ser tan grave, aunque cada provincia es distinta. No es lo mismo una en la que pocos pagan Ganancias y recibe coparticipación generosa, que otra con mucha más espalda a la que le llega menos, en comparación general por habitante”, afirmó un libertario. Otro referente sumó: “No hay que armar grandes dramas por esto si no hay votos para algún artículo. Ya pasó en ley Bases y el paquete fiscal y el país siguió adelante con Milei”.

Esa lectura también fue compartida desde el peronismo. Un dirigente del espacio evaluó: “Mi apuesta es que lo van a usar de moneda de cambio cuando se acerque la sesión. Estará en manos del Presidente, junto a los ministerios de Economía y del Interior. Han demostrado ser más pragmáticos en las sesiones extraordinarias de diciembre. Estimo continuarán por la misma vía si convocan en febrero”.

Desde la otra vereda, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, reiteró en varias oportunidades la intención de retomar rondas de diálogo con empresarios, sindicatos y la oposición en los próximos días. Sin embargo, entre quienes controlan los votos decisivos ya comenzaron a bajar las expectativas sobre el futuro inmediato del texto.

Durante el último fin de semana, una fuerza dialoguista del Senado transmitió: “El oficialismo creció desde el 10 de diciembre y está muy bien que maneje la agenda. Es lo que hay que hacer. Sin embargo, con lo que siempre hay que tener mucho cuidado es con el costo político de querer acelerar sin parar. Me refiero al Ejecutivo. Se lo avisamos a Bullrich y por eso se dejó la reforma laboral para febrero. Pero tampoco se deben exceder en poner plazos que después no se cumplan. Nos desgasta como aliados”.

Ayer, este medio también recogió la advertencia de un senador: “Si esto avanza con muchos cambios extra, la votación en particular será densa y delicada. Y del otro lado estará el kirchnerismo. Años atrás, cuando el cristinismo abrió en el recinto la reforma judicial -después se trabó en Diputados-, fue un papelón. El inconveniente es que el Gobierno pretende pocas modificaciones; nosotros, algunas más”.

Junto a los proyectos laboral y de glaciares —este último también con dictamen firmado en la Cámara alta—, otra iniciativa que quedó en espera hasta febrero es la de estabilidad monetaria, actualmente en Diputados y sin generar mayores sobresaltos. Distinto es el caso del Código Penal, que figuró en el temario extraordinario de diciembre pero nunca ingresó formalmente al Congreso. Hasta ahora, tampoco se conoce bajo qué modalidad podría reactivarse.