La iniciativa fue impulsada por el vicepresidente primero del Senado y apunta a que la administración de Axel Kicillof asuma de manera integral el mantenimiento de los patrulleros, incluyendo reparaciones, compra de repuestos, neumáticos, seguros y combustible.
El debate por el financiamiento de la seguridad sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. El senador bonaerense Mario Ishii presentó un proyecto para que el Gobierno provincial se haga cargo de todos los gastos vinculados al funcionamiento de los móviles de la Policía Bonaerense y deje de trasladar esos costos a los municipios.
La iniciativa fue impulsada por el vicepresidente primero del Senado y apunta a que la administración de Axel Kicillof asuma de manera integral el mantenimiento de los patrulleros, incluyendo reparaciones, compra de repuestos, neumáticos, seguros y combustible.
El planteo también alcanza a los vehículos adquiridos por las comunas a través del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad. Según el proyecto, una vez incorporados al sistema de seguridad provincial, su sostenimiento económico debería quedar bajo responsabilidad exclusiva de la Provincia.
La propuesta establece además que, en caso de que los recursos asignados resulten insuficientes para garantizar la operatividad de los móviles, el Ejecutivo bonaerense deberá cubrir la diferencia sin exigir aportes adicionales a los municipios.
En esa línea, el texto prohíbe que futuros convenios de adhesión a programas provinciales de seguridad incluyan obligaciones para que las comunas financien con fondos propios el mantenimiento o funcionamiento de equipamiento destinado a la Policía Bonaerense.
Ishii fundamentó la iniciativa en que la seguridad pública es una competencia provincial y, por lo tanto, también debe serlo el financiamiento de los recursos necesarios para prestar ese servicio.
El senador sostuvo que en los últimos años numerosos municipios se vieron obligados a destinar partidas propias para afrontar gastos de vehículos pertenecientes a una fuerza que depende de la Provincia, situación que, a su entender, desdibuja el reparto de responsabilidades entre ambos niveles del Estado.
El proyecto se suma a otras iniciativas recientes impulsadas por el dirigente de José C. Paz, entre ellas los pedidos para declarar la emergencia sanitaria y la emergencia alimentaria en territorio bonaerense, configurando una creciente presión legislativa sobre distintos aspectos de la gestión provincial.
Para Ishii, la discusión excede el mantenimiento de los patrulleros y pone sobre la mesa el debate por la autonomía financiera de los municipios y el principio de correspondencia fiscal: quien tiene la responsabilidad de prestar un servicio público, sostiene el legislador, también debe contar con los recursos para financiarlo.
