Por Eduardo Vitali

Tal como lo prometió Alberto Fernández: la reforma judicial ya está en marcha. La misma se divide en dos partes: la primera consiste en el proyecto de Ley que el Ejecutivo envió al Congreso. Allí, en esencia, se pretende diluir el poder en Comodoro Py creando una nueva justicia federal penal con la fusión del fuero penal y el fuero penal económico y con una ampliación de juzgados (de 12 a 46); la segunda, trata de la creación de un consejo consultivo que tendrá la «tarea de repensar el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público» según mencionó el Presidente.

De esta manera, la discusión comenzó en el Congreso. Más precisamente en el Senado, donde se está llevando a cabo, desde la semana pasada, un amplio debate en las reuniones plenarias de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Legislación Penal. Allí, especialistas en la materia exponen a favor o en contra del proyecto.

La iniciativa que enviamos al Congreso de la Nación pretende organizar mejor la Justicia federal y superar la crisis que afecta su credibilidad y su buen funcionamiento. Debemos construir un nuevo sistema judicial que nuestra sociedad demanda desde hace mucho tiempo. pic.twitter.com/mf6Szn9fc2

— Alberto Fernández (@alferdez) July 30, 2020

Desde la Cámara Alta se espera que obtenga media sanción; ya que el oficialismo cuenta con mayoría y las sesiones monótonas tienen vigencia hasta finales de septiembre. Pero en Diputados es otra historia: el Frente de Todos no cuenta con mayoría y ya venció el protocolo y las comisiones de esta semana sólo pueden funcionar de manera informativa y sin chances de dictaminar.

Por ahí pasa la principal herramienta de Juntos por el Cambio para obstaculizar el avance de la reforma. Ahora bien, ¿por qué la oposición se opone al proyecto? Bueno, los argumentos parecen repetirse una y otra vez: el bloque opositor considera que la reforma es para “garantizar la impunidad de los delitos”.

Pero con el correr de los días el “argumento” se va debilitando. Primero, por lo dicho por el Presidente, quien aseguró que la reforma no beneficia a él, sino todo lo contrario. No hace falta ir muy lejos para verificarlo: en los últimos años, sobre todo desde el menemismo para acá, la Justicia fue instrumento del Poder de turno con los famosos “jueces amigos”. Oyarbide con Cristina y Bonadio con Macri para graficarlo de una manera concreta. Ergo, modificar las reglas de juega no beneficiaría al actual Gobierno.

Los argumentos parecen repetirse una y otra vez: el bloque opositor considera que la reforma es para “garantizar la impunidad de los delitos”.

 

En segundo lugar, quienes se oponen al proyecto por cuestiones “técnicas” comenzaron a desactivar las ridículas acusaciones de Cambiemos. Sin ir más lejos, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, quien expone en las comisiones y se opone a la reforma, dijo este miércoles que “no aparece ningún artículo en particular del proyecto de reforma judicial que garantice la impunidad».

Según contó en off a LaNoticiaWeb uno de los abogados que integran el consejo consultivo, cuando Alberto Fernández citó a los once juristas de amplio reconocimiento que integran dicho consejo les esbozó lo siguiente: “Si el problema con Comodoro Py es que le atiende el telefono solo al Poder, a mí lo que me convendría es llamarlos; y si son 9 tengo que tener solo 9 números. Si se van a 46 se me complica. Esto le hace más un favor a los que se fueron que a los que vinimos”.

Pero con el correr de los días el “argumento” se va debilitando.

Sin embargo, y a pesar de estar a favor del proyecto, el propio abogado expresó sus reparos hacia la reforma que se está tratando en el Congreso: ” La unificación de Comodoro Py con el Penal Economico me suena raro porque si vamos a un proceso acusatorio donde la investigación la hacen los fiscales necesitas menos jueces”.

En conclusión, el proyecto enviado por el Presidente tiene matices debatibles y deberá, indefectiblemente, tener modificaciones. Pero para eso se requiere un debate responsable para modificar un Poder en donde el grueso de la población considera necesario: la Justicia. Por ahora, Juntos por el Cambio no parece estar a la altura del debate público que necesita la sociedad.