Sobre la tarde noche del viernes 24 de abril, el Municipio de Tigre difundió un comunicado que demoró algunos días en detonar. Recién cuando comenzó el mes de mayo. Allí se informó que el Ejecutivo iba a reducir la estructura orgánica y los salarios de funcionarios para destinar fondos al área de salud.

El Decreto 446/20 que firmó el intendente Julio Zamora eliminó dos Secretarías y cinco Agencias. Además recortó sueldos de funcionarios y de adicionales salariales al personal de planta. También quitó horas extras y “otros gastos”, según informó el comunicado.

“Se trata una medida excepcional y temporaria para hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, que nos permitirá reorientar los recursos hacia el área de Salud y proteger a nuestros vecinos”, expresó el intendente Zamora en esa gacetilla.

La polémica apareció cuando comenzó el mes de mayo y muchos trabajadores se enteraron que no podrían seguir trabajando.

La comuna tomó esta decisión para destinar fondos extras al área de salud, pero por otro lado elaboró protocolos sanitarios para solicitar al gobierno bonaerense que se permita la apertura de empresas para comenzar a flexibilizar la cuarentena.

Los principales afectados fueron los contratados y los monotributistas. Y el área más golpeada fue la de Género. Tal fue el desguace que la Mesa de Género elaboró un comunicado donde aportan la mirada de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Desde las redes también se pronunció la concejal y funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social Micaela Ferraro.

En declaraciones a FM La Patriada, Ferraro dijo que “en total hubo 200 desvinculaciones del área de género e infancia”, y aclaró que el intendente “Julio Zamora es un compañero y seguramente lo asesoraron mal”. Los reclamos habían arrancado en redes sociales, e incluían también la voz del concejal Fernando Martelli.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante el despido de 14 trabajadoras de áreas fundamentales en este contexto, como lo son las trabajadoras de infancia y género en fortalecimiento familiar, debilitando las instituciones que garantizan nuestros derechos y dejando a familias y mujeres sin su fuente de ingreso; en un contexto en que nuestro presidente prohibió despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por 60 días. Con una medida que, además, anticipa que no se reconocerá el fin de las relaciones laborales existentes”, expresa el texto de la Mesa Local de Género que circuló en los medios.

Y agrega que “es de público conocimiento que la vida de mujeres y del colectivo LGTBQ+ están en mayor riesgo: las violencias y las desigualdades de género se recrudecen en este contexto de encierro y las posibilidades de acceder tanto a vínculos que rompan el aislamiento como a las instituciones que deben dar respuesta y garantizar nuestros derechos, se tornan de un acceso más difícil con las modificaciones de horarios y formas de atención”. Además, citan a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta: “Efectivamente, los hogares, el lugar donde nos recluye la cuarentena, son muy inseguros para muchísimas mujeres, miembros de la diversidad y también niñas”. El 80% de los femicidios ocurren en la propia casa de la víctima o en otra vivienda. “La casa no es un lugar seguro”.

Desde CICOP convocaron a una concentración para este lunes por la mañana, respetando protocolos de distanciamiento social. “Trae tu barbijo”, dicen los panfletos. Denuncian que hay otros 21 trabajadores del área de género con incertidumbre laboral y que “estas medidas afectan directamente a las comunidades que acuden a estos servicios ya que se recorta la atención de 10.500 niñxs y adolescentxs en situación de vulneración de derechos, y a 17.500 mujeres en situación de violencia de género”.

Y apuntan a la “Secretaria Cecilia Ferreyra, Subsecretaria Natalia Reynoso, Directora de Fortalecimiento Familiar Graciela Basso, Directora del Servicio Local Nadia Olivieri, Directora de Políticas de Género y Violencia Familiar Aldana Aguirre, por ser cómplices y responsables de los despidos de las áreas para las cuales asumieron un cargo político de gestión”.

Los despidos se dieron sin notificación formal y sin justificación alguna. Los trabajadores se enteraron por un llamado telefónico. Detrás de las bajas está, también, la informalidad laboral. Entre las quejas está que el 70% de los que prestan servicio a la Comuna son monotributistas o contratados.

Por otro lado, la Asociación de Trabajadores Municipales que encabeza Héctor Paz también reaccionó. Es un Sindicato sin personería gremial pero con representación. Piden la restitución de las sumas descontadas por presentismo o salario por hijo entre otras. Además exigen una respuesta urgente del Municipio para este lunes, sino comenzarán las acciones colectivas.