En el momento en que hay dudas en los círculos financieros locales y también del exterior sobre la capacidad de Argentina de pagar los servicios de su deuda externa, dado el incremento que viene teniendo esta última, Luis Caputo, como ministro de Finanzas, anuncia que colocará nueva deuda con vencimiento en el 2117, o sea, dentro de cien años, lo que es un notable rasgo de audacia o bien de irresponsabilidad.

¿Qué mensaje está enviando el Gobierno al mundo político y financiero con este anuncio, que no especifica monto, ni plazos de amortización, ni tasa de interés a pagar? Por lo menos parece claro que está diciendo: "No importan los agoreros de siempre, no importan las dudas, no importa la crítica opositora, la economía argentina tiene credibilidad internacional y el empréstito será suscrito ampliamente por los inversores de los grandes centros financieros".

Poco tiempo atrás, Caputo, que parece ser amigo de dar noticias bomba, dijo que iba a buscar en el mercado financiero externo 20 mil millones de dólares más de lo que había calculado, por lo que es factible que esta sea la suma que está buscando con su anuncio de emitir deuda a cien años de plazo.

Esto también hay que relacionarlo con la meta de tener reservas por 75 mil millones de dólares que pretende Federico Sturzenegger para el Banco Central, esperando que con eso el país mejore su rango crediticio internacional, con lo que Argentina tendría que pagar menores tasas de interés.

También en este análisis hay que tomar en cuenta la factibilidad de que el Gobierno esté preparando en secreto un fuerte plan de shock antiinflacionario a poner en práctica después de las elecciones de octubre, apuntando a una marcada recuperación de la economía, basado en un incremento de las inversiones, de las exportaciones y del mercado interno por la eliminación drástica de la inflación, lo que haría posible una reconstitución del salario real y un aumento de la ocupación.

Si esta fuese realmente la hipótesis que se está manejando en secreto, un plan económico semejante tendría que tener entre uno de sus componentes principales la fijación de un tipo de cambio elevado para recuperar capacidad competitiva exportadora, y como factor para atraer inversiones extranjeras en la economía real, porque sus dólares de inversión se convertirían en más pesos y habría desaparecido el riesgo de inflación.

Otro factor a tomar en cuenta es el grado de factibilidad de que el Gobierno emita un bono en dólares a mediano y largo plazo, por el cual las Lebac, que hoy representan una deuda del Banco Central, pasen a ser una deuda del Tesoro, reeditando lo que fue la emisión de Bonex 89 en 1990, que se aplicó sobre los depósitos en pesos, que fueron convertidos de manera forzada en dicho título.

El Gobierno, debilitado en su grado de aprobación por medidas impopulares, por la endeblez de la economía y una situación laboral y social complicada, tiene que ser consciente de que, con un resultado electoral que no esté a la altura de las expectativas, no tendría otra opción que cambiar su insulsa gestión, modificar el gabinete de un modo drástico y lanzar una gestión audaz en los dos años que le quedan a Mauricio Macri de su mandato.

Como van las cosas y si no hay cambios de fondo y no meramente cosméticos, Macri no sería reelegido en el 2019, que es algo que lógicamente pretende. En este escenario, Cambiemos podría entrar en una crisis terminal y el PRO vería pospuesta, quizás de manera definitiva, su ambición de ser algo así como el Partido Republicano de los Estados Unidos.

Como todo mensaje económico de importancia, detrás siempre hay un mensaje político, una decisión de alto voltaje que revela una crisis de importancia en el seno de todo gobierno que tiene ante sí una encrucijada. En el caso del presidente Macri es: jugarse el todo por el todo para lograr una victoria electoral en el 2019 o aceptar una lenta declinación y una derrota segura en las elecciones presidenciales de dicho año.