El Gobierno nacional confirmó que dejará sin efecto la reforma a la ley de manejo del fuego sancionada en 2020, una normativa que había sido impulsada por Máximo Kirchner en medio de una ola de incendios en sierras, campos y bosques nativos. El anuncio fue formulado este martes 9 de diciembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la presentación del informe final del Consejo de Mayo en la Casa Rosada.

La iniciativa original surgió como respuesta a las denuncias de focos ígneos provocados con fines inmobiliarios o productivos. Kirchner, entonces líder del bloque del Frente de Todos, promovió un marco legal que impedía modificar el destino de los terrenos afectados por el fuego durante largos períodos.

El espíritu de la ley, según sus fundamentos, era «proteger aquellos ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y garantizar las condiciones para la restauración de las superficies».

En su explicación pública, Adorni aseguró que «se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio, una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta directamente contra la producción».

La decisión incluye la derogación de los artículos vinculados a las restricciones de uso dentro de la Ley 26.815 y la vuelta a la versión previa del artículo 22 bis, anterior a la reforma de 2020.

El oficialismo enmarca esta medida dentro de un paquete más amplio orientado a desregular la actividad agropecuaria, impulsar la compraventa de tierras y flexibilizar las cargas sobre propietarios cuyos campos hayan sufrido incendios. Según el Gobierno, mantener prohibiciones durante décadas restringía la productividad y obstaculizaba la recuperación económica del sector rural tras episodios de fuego.

La ley aprobada en 2020 establecía mecanismos específicos para registrar las restricciones sobre las superficies afectadas en cada provincia, permitía extender los plazos cuando lo definiera el ordenamiento territorial de bosques nativos y convivía con normas locales o tratados internacionales de protección ambiental. Durante su tratamiento legislativo, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestó su «enorme preocupación», afirmando en un comunicado que existía una «manifiesta intencionalidad de la norma que pretende ejemplificar bajo el supuesto ideológico que los propietarios queman sus campos, cosechas e instalaciones para hacer negocios futuros».

Promulgada en diciembre de 2020 con la firma de las autoridades del Congreso y el aval del Poder Ejecutivo, la reforma ahora será anulada.