“Nunca me trajiste la corbata de un empleado, la camisa de un fiscal, la bombacha de una empleada. Vos vas a ser un muy mal jefe porque un buen jefe se hace odiar”. El reproche se lo hizo hace años el fiscal general de San Isidro, Julio Novo (64), a su secretario, Diego Onorati, al enterarse de que había logrado un ascenso. La anécdota forma parte de una impactante resolución de 300 páginas firmada ayer por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

En ella no sólo se pinta a Novo como un déspota –caracterización que lo acompaña desde hace décadas- sino que va más allá. Usando declaraciones, documentación y entrecruzamientos telefónicos, Arroyo Salgado procesó al jefe de todos los fiscales de San Isidro por encubrir a narcotraficantes entorpeciendo la investigación de un caso: el crimen de los colombianos Héctor Duque Ceballos y Jorge Quintero Gartner, ocurrido la tardecita del 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter.

La resolución implica a otros cuatro funcionarios judiciales, incluye embargos millonarios y sostiene que existió una cadena de complicidades entre los acusados –con Novo a la cabeza- y los responsables del doble crimen para que la investigación no avanzara. El objetivo, según el planteo de la jueza, era impedir que se descubriera la conexión entre el doble crimen de Unicenter y el entramado narco detrás de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, detenidos y condenados en España por traficar cocaína del cartel del Norte del Valle (de Colombia).

De acuerdo a la resolución, Novo es coautor del “delito de encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave y por haber sido cometido por un funcionario público”. Así surge del análisis de 15 episodios en los que se le achaca “estorbo funcional”, “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes”.

Pese a la gravedad de la acusación, el fiscal general –quien está suspendido de sus funciones desde el 18 de noviembre de 2015- no irá preso, ya que la figura penal que se le imputa es excarcelable (un año de mínima y seis de máxima). Pero a la hora del embargo se le impuso la suma de dos millones de pesos.

Con algunos matices, en la resolución fueron procesados Eduardo Vaiani (47) y Rodrigo Caro (44) –adjuntos de Novo–, Melisa Rey (36, secretaria de la Fiscalía General) y Mariana Busse (35), secretaria de Gestión a cargo de la Fiscalía de San Fernando. Busse es uno de los personajes centrales de la trama: fue nombrada en la Fiscalía que investigaba los crímenes y su esposo es Carlos Broitman, abogado de muchos narcos, entre ellos los Juliá.

“Estamos indignados y sorprendidos. Conozco la causa y la jueza debió hacer un gran esfuerzo para llegar a la conclusión que llegó. Vamos a apelar esta resolución, la vamos a destruir”, le dijo a Clarín el defensor de Novo, Adrián Murcho, quien es abogado de Carlos Carrascosa en la causa García Belsunce (uno de los casos mencionados en la resolución de ayer para probar la discrecionalidad con la que Novo ejercía su poder, por sus ataques al fiscal Diego Molina Pico).

“Estoy contento por mí, pero también por las instituciones. Fui muy perseguido. Estaba convencido de que había pruebas para llegar a esta resolución pero tenía dudas de que ocurriera. Detrás de Novo hay operadores siniestros pero eficaces”, le dijo a Clarín el fiscal Luis Angelini, quien es querellante en la causa.

Angelini sucedió en la causa Unicenter a Diego Grau, a quien Novo desplazó cuando avanzaba sobre la hipótesis que involucraba a los Juliá y a barrabravas de Boca (sospechosos que finalmente fueron procesados en julio último por Arroyo).

En 2012, Angelini denunció que, desde la Fiscalía General, Novo le estaba haciendo la vida imposible. La denuncia terminó en lo de Arroyo Salgado, quien indagó a los ahora procesados a fines de 2015. En el fallo no se explica por qué transcurrió casi un año entre un paso y otro. Lo cierto es que el fallo llegó apenas quince días después de que el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense abriera el jury contra Novo, pendiente desde 2013.

En su momento, la Procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, también fue denunciada. Y ayer Arroyo dejó la puerta abierta para ir tras ella. En la última parte de la resolución la jueza además unió su investigación con otros dos casos resonantes. Pidió a Servini de Cubría copia de la causa por tráfico de efedrina y al juez en lo Penal Económico Alejandro Catania el expediente que se abrió en Argentina sobre los Juliá.