El debate por el Presupuesto 2026 volvió a tensarse en el Senado a horas de una sesión ya fijada para este viernes al mediodía. En el oficialismo comenzaron a detectar resistencias en sectores considerados dialoguistas —con foco en la Unión Cívica Radical— frente al artículo 30, que contempla recortes vinculados a fondos educativos y otras áreas sensibles.

La preocupación no es menor. La ley de gastos pasó, en pocas semanas, de ser un trámite relativamente accesible para el Gobierno a convertirse en un frente problemático en el Congreso, luego del tropiezo de los diputados libertarios para sostener un capítulo que, combinado con ciertos “guiños” de la Casa Rosada, desactivaba la emergencia en discapacidad y el blindaje de los presupuestos universitarios.

Después de ese episodio, desde Balcarce 50 circularon versiones contradictorias sobre el destino del proyecto. Algo de calma llegó cuando se resolvió dictaminar la reforma laboral y dejarla en pausa, al menos hasta febrero próximo, siempre que el Ejecutivo vuelva a convocar a sesiones extraordinarias. Sin embargo, la oposición dialoguista fue categórica ante la jefa del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich: tanto el Presupuesto 2026 como la iniciativa de inocencia fiscal deben aprobarse tal como salieron de Diputados. Anteayer, la ex ministra de Seguridad volvió a consultar posiciones en una reunión por Zoom y recibió la misma respuesta.

Un dato que no pasó inadvertido en el Senado es el perfil de algunos legisladores radicales involucrados en la discusión. Entre ellos aparecen Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Flavio Fama. El primero militó, cuando presidía la Federación Universitaria Argentina (FUA), en defensa de una ley educativa que ahora La Libertad Avanza busca desarticular. El segundo, en tanto, fue durante años rector de la Universidad Nacional de Catamarca.

El controvertido artículo 30 no se limita al plano educativo. También propone derogar disposiciones sobre el Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; la Educación Técnico Profesional; y el Fondo Nacional de la Defensa. Este medio ya había reflejado semanas atrás las quejas que llegaban al Congreso desde distintas provincias.

El primer punto que el Gobierno pretende eliminar establece: “El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del Producto Interno Bruto (PIB)”.

El segundo ítem avanza en un sentido similar, aunque con menor impacto, sobre las partidas destinadas a ciencia y tecnología. El tercero crea “el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas”.

Por último, el cuarto apartado se refiere a la constitución e integración del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF): “0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional para el año 2020”; 0,5%, en 2021; 0,65%, en 2022; “hasta alcanzar el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios”. Un desafío directo para el flamante ministro del área, el militar Carlos Presti.

En términos numéricos, el oficialismo calcula contar con 21 senadores de La Libertad Avanza —a la espera de que jure el rionegrino Enzo Fullone al inicio de la sesión—, 10 de la UCR, tres del PRO y un puñado de representantes provinciales. En total, 44 voluntades, aunque no todas garantizadas. En principio, algunas ausencias no bloquearían el plan del Gobierno, pero persiste la incógnita sobre cuántos rechazos adicionales podría acumular el artículo 30. No se descartan, además, planteos de último momento que compliquen el escenario. Bullrich sigue de cerca cada movimiento.

Del otro lado, el kirchnerismo activó rápido. Con el chaqueño Jorge Capitanich —previsto como miembro informante para rechazar el Presupuesto 2026—, la bancada recibió ayer a estudiantes de escuelas técnicas. Si el artículo 30 cae en una votación en particular, en la Casa Rosada asumen que no quedará margen para sostener el proyecto. Mientras tanto, continúan las idas y vueltas y los contactos con los dialoguistas desde Balcarce 50.