El gasto en educación proyectado para 2026 será el más bajo de los últimos diez años, con un 0,75 % del PBI, mientras el Gobierno busca derogar el mínimo legal del 6 % y los salarios docentes siguen por debajo de la línea de pobreza.
El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno nacional prevé que el gasto en educación descienda al 0,75 % del Producto Bruto Interno (PBI), el porcentaje más bajo de los últimos diez años.
Si bien en términos nominales el presupuesto para educación subiría un 8 % respecto a 2025, al ajustarse por inflación la inversión real sigue siendo significativamente inferior. En 2015, la educación representaba el 1,59 % del PBI, el doble de lo proyectado para el próximo año.
El proyecto de ley también propone derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que fijaba un piso del 6 % del PBI para la inversión educativa, eliminando así cualquier exigencia legal de gasto mínimo.
La medida se enmarca en un contexto de ajuste del gasto público, mientras que los salarios docentes en 20 de las 24 provincias se ubican por debajo de la línea de pobreza. Las universidades recibirán, además, un 77 % del presupuesto de la Secretaría de Educación, dos puntos menos que en 2025.
Especialistas advierten que la caída en la inversión educativa y la falta de un piso legal podrían afectar la calidad del sistema y profundizar las desigualdades entre provincias.
