Un proyecto de ley ingresó a la Legislatura bonaerense con el objetivo de modificar el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, presentada por el referente del GEN en Guaminí, Ignacio Zavaleta, plantea transferir a los municipios la organización, el control, la prestación del servicio y la recaudación que actualmente se encuentra bajo la órbita provincial.

La propuesta fue presentada mediante la Ley 10.589, que habilita a los ciudadanos a impulsar proyectos legislativos, y busca modificar la Ley 13.927 del Código de Tránsito bonaerense. Según el texto, cada municipio podrá definir cómo prestar el servicio, ya sea con talleres propios, mediante convenios con otros distritos o contratando talleres privados habilitados. La Provincia, en tanto, conservaría un rol de homologación técnica para garantizar la validez de las obleas y certificaciones.

En ese sentido, Zavaleta cuestionó el funcionamiento del sistema actual. «El actual sistema centralizado lesiona severamente al interior provincial, obligando a los ciudadanos a recorrer largas distancias ante la escasez de plantas móviles y los turnos colapsados», afirmó.

El proyecto también propone modificar la Ley 14.497 para que los municipios administren el registro y grabado de autopartes. Además, establece que el 100% de lo recaudado por la VTV y ese trámite quede en las comunas, con destino exclusivo a obras viales, mantenimiento de caminos rurales, señalización y equipamiento para las áreas de tránsito.

Por último, la iniciativa plantea dar de baja las actuales concesiones privadas del sistema y evitar nuevos acuerdos con exclusividad territorial. En esa línea, Zavaleta sostuvo: «Ninguna reglamentación o prórroga contractual de carácter provincial puede subvertir la pirámide jurídica ni cercenar las facultades de los municipios para ejecutar una norma nacional de seguridad de la cual son los garantes primarios en el territorio».

En los fundamentos del proyecto, el dirigente sostiene que la reforma busca terminar con un «esquema de concesiones monopólicas privadas» y afirma que el sistema de la VTV mueve entre $4.000 y $5.000 millones, recursos que, según denuncia, hoy quedan en manos de «corporaciones concentradas o multinacionales» en lugar de llegar a los municipios.