Mientras Diego Santilli con su agenda de consensos junto a los Gobernadores, con el objetivo de llegar a febrero con las manos necesarias para aprobar la reforma laboral, surge en el debate un punto que parece ser trascendental en las negociaciones. Entre los mandatarios provinciales, surge una nueva traba que tiene que ver con el capitulo impositivo, ya que, se verán afectadas las arcas de sus respectivos tesoros.

El capítulo fiscal dentro de la reforma impulsada por el gobierno busca reducir el costo laboral mediante una baja escalonada de las contribuciones patronales, que pasarían del 20,4% al 17,4% en servicios. El Gobierno apuesta a que esta menor presión impositiva sobre la nómina salarial incentive la formalización de trabajadores y alivie financieramente a las empresas.

Sin embargo, esta reducción impositiva tiene diferentes puntos de impacto. Uno de ellos y quizás el más controversial tiene que ver con el desfinanciamiento de ANSES, ya que, con la reducción de contribuciones patronales se estima un costo fiscal de 0,46% del PBI. El Gobierno argumenta que esto incentivará la contratación formal, mientras que la oposición advierte sobre el desfinanciamiento del sistema jubilatorio.

Al mismo tiempo que se denuncia el recorte presupuestario sobre ANSES, crece la preocupación entre algunos gobernadores por la perdida en la masa coparticipable. Un estudio elaborado por técnicos de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos que indica que los cambios en materia de impuestos que están incluidos en la reforma implican una caída de la coparticipación total proyectada de unos $3.187 billones.

Para la provincia de Buenos Aires ese recorte implica una caída de la coparticipación en $397.257.914.360. Esto se suma a la deuda que Nación mantiene con el gobierno de Kicillof que está judicializado ante la Corte Suprema y alcanza los 14,7 billones de pesos.

Segunda en el ranking de perdidas quedaría Santa Fe, con $ 161.673 millones y luego Córdoba con $ 160.628 millones menos.

De acuerdo con cifras recopiladas por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), el costo fiscal de esta iniciativa para las provincias del NEA será contundente. La reducción de la masa coparticipable —de la cual las provincias reciben el 59% por ley— impactará de la siguiente manera en la región:

Chaco: La provincia liderada por Leandro Zdero es la más afectada de la región, con una pérdida estimada de $90.244 millones.

Corrientes: Bajo la gestión de Juan Pablo Valdés, dejaría de percibir $67.247 millones.

Formosa: El distrito vería recortados sus recursos en $65.800 millones.

Misiones: el recorte proyectado en los recursos coparticipables asciende a $59.756.411.600.