Las autoridades de la empresa Vicentin SAIC están imputadas penalmente por una denuncia por préstamos irregulares otorgados por el Banco Nación cuando su presidente era Javier González Fraga, durante el gobierno de Mauricio Macri. La acusación surge del beneficio que la compañía recibió del programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Este régimen subsidia el pago de salarios a empresas afectadas por la pandemia sin límites por tamaño ni antecedentes.

Entre los favorecidos figurarían Joana, Renato y María Julia Nardelli, familiares directos del dueño de Vicentín SAIC, Gustavo Nardelli, según señala el portal infonativa.com. Este último es uno de los imputados en la mencionada denuncia penal.

Joana y Renato, son además accionistas de la firma Oro Blanco SRL, según surge de la cesión de bienes que le hiciera su padre, Guillermo Nardelli, inscripta en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe del 11 de diciembre de 2019. La tercera, María Julia, es propietaria de cuotas sociales de la SRL Club Social, que también forma parte del holding empresario familiar.

Otros dos casos que generaron polémica por los beneficios distribuidos a través del programa de ATP fueron los de Techint y Clarin. En estos dos holdings, se sumó además la objeción de que se subsidie a empresas que están radicadas en paraísos fiscales. Siempre según en base a información privada, ya que no hubo confirmación oficial, en el caso del grupo controlado por la familia Rocca, presentaron la solicitud de acceso al ATP tres empresas: Techint Ingeniería y Construcción, Ternium (cuyo personal principal corresponde a la planta de Siderar en San Nicolás, ex Somisa) y Tenaris (planta Siderca, en Campana).

La constructora, totalmente paralizada hasta ahora y desde el inicio de la cuarentena, ya habría accedido al beneficio, por el cual el Estado pagaría parte del sueldo de sus 500 empleados. Ternium trabaja parcialmente por la producción de chapa y hojalata que se destina a elementos o herramientas utilizados en servicios de salud, o en envases de alimentos. Siderca Campana también cumple tareas restringidas. No pudo confirmarse si, en estos dos casos, les fue otorgado el subsidio sobre los salarios.

El programa de ATP recibió un total de 420 mil pedidos empresarios de admisión en el régimen de subsidios al salario de su personal. Las nóminas presentadas englobaban más de cinco millones de empleados. De esas presentaciones, se aprobó y se concedió el beneficio a 280 mil firmas (66% de las presentadas), con una cobertura sobre 2,5 millones de trabajadores (50%).

En las últimas semanas, el gobierno creó nuevos requisitos para acceder a los beneficios de la ATP sobre los sueldos de abril y endureció las restricciones financieras para quienes los obtengan. Las empresas a las que se les otorgue el subsidio al pago de salarios quedarán inhabilitadas para distribuir utilidades, recomprar acciones, operar dólar contado “con liqui” o MEP, ni tampoco podrán realizar transferencias a empresas en paraísos fiscales. Inicialmente, esa restricción había sido fijada en 12 meses, pero el Comité de Evaluación y Monitoreo recomendó extender la inhibición a 24. También requirió que las empresas inscriptas para recibir el beneficio sobre los sueldos de abril, además de su facturación informaran sobre sus depósitos, inversiones en dólares y en pesos y sus deudas.