El día después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo, el gobierno nacional reflexionó y relativizó el impacto efectivo que la movilización puede tener en la realidad.

“Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. Las palabras son de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, quien así quiso dejar en claro que la cantidad de gente que se moviliza no modifica de manera real el límite de fondos disponibles.

El funcionario afirmó que la capacidad del Estado para aumentar el financiamiento universitario en realidad responde a la legislación vigente y a los fondos ya asignados en el presupuesto nacional, más allá de la presión social.

“La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario”, indicó antes de explicar que toda ley que no especifica el origen de sus fondos, queda sin efecto según la normativa vigente: “La ley de ejecución presupuestaria dice claramente que toda ley que se haya votado y no indique la fuente de financiamiento, será promulgada y suspendida en el mismo acto”.

Marchas, política y legitimidad democrática

“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad”, indicó Álvarez en declaraciones a Radio Mitre. “Los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, enfatizó.

En ese sentido, Álvarez remarcó que las recientes movilizaciones “no es que están intrusadas por la política, son políticas, están organizadas por los partidos opositores”. Para fundamentarlo, mencionó especialmente al “vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Anselmo Torres”, a quien definió como “un político profesional que se presenta como profesor”

Además, el subsecretario también criticó la contradicción de defender el ingreso irrestricto a la universidad, a la vez que en la institución dirigida por Torres existen cupos impuestos por amparos judiciales.

En la misma entrevista, Álvarez cuestionó los criterios actuales en la asignación de recursos a las universidades. “El sistema existe para generar graduados. Principalmente, la función es formar gente”, subrayó, pero indicó que existe una “desvirtuación completa”, ya que parte del presupuesto se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas” más que a la formación académica.

Al respecto, marcó las distorsiones que provoca la existencia de carreras con uno o dos estudiantes y varios docentes. “Licenciado en Música con orientación en clarinete, un alumno. Licenciado en Filosofía, un alumno. Licenciada en Cultura y Lenguajes Artísticos, dos alumnos. Y así, hay un licenciado en saxo, varios”, ejemplificó. Para Álvarez, trasladar recursos a carreras de mayor demanda, como puede ser la de Ingeniería, tropieza con resistencias internas.

El funcionario precisó que la asignación presupuestaria vigente “carece de reglas aplicadas para la distribución del presupuesto. Hace 40 años que es así”. De inmediato, aseguró que el objetivo es implementar “indicadores objetivos” para mejorar el uso de los fondos públicos, priorizando áreas estratégicas.