El Gobierno bonaerense intimó a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) a que, en un plazo de «10 días», «convoque a nueva Asamblea General Ordinaria para elegir autoridades«, bajo apercibimiento de ser intervenida en caso de incumplimiento.

Luego de haber encontrado «irregularidades», y declarar «ineficaces la reunión de Junta Directiva y la Asamblea General Ordinaria, celebradas en la entidad los días 25 de abril y 24 de mayo de 2022, respectivamente, se «intimó a las últimas autoridades registradas de la entidad para que, en el plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la presente, convoquen a una nueva Asamblea General Ordinaria».

También se intimó «a las últimas autoridades registradas de la entidad para que informen a esta Dirección Provincial, con una antelación no menor de 5 días hábiles, de toda Reunión de Junta Directiva y/o Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria a llevarse a cabo».

La medida fue comunicada a través de la resolución 3177/2023 del Boletín Oficial. La decisión está basada en una denuncia sobre irregularidades registradas en la reunión de Junta Directiva y la Asamblea General Ordinaria, celebrada en abril y mayo de 2022. Allí se dio la elección de la actual comisión directiva, encabezada por Martin Rappallini, también tesorero de la UIA.

El director de Personas Jurídicas, Ariel Gimenez, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, detalló en la resolución que «resulta inadmisible» lo ocurrido, y que se generó un «incumplimiento de normas estatutarias en la conformación de los órganos sociales», es decir, en la conformación de la Comisión Directiva.

Según se informó, «la convocatoria a asamblea general ordinaria efectuada con fecha 25 de abril del año 2022 (con su correspondiente orden del día) fue efectuada por personas distintas a las últimas autoridades registradas en esta Dirección Provincial». «A sólo título ejemplificativo, participaron de la formación de la voluntad social personas que carecen de legitimación para tal fin, a saber: Perez Graciano, Rodrigo; Rodríguez Karin; Mayo Mariano; Ammaturo, Jose Luis; Harutiunian Miguel; Blasucci Luciana; Allingui Armando; Dala Andrea; Leiter Gabriel; Chus Silvia; Raposo Daniela; Laruccia Juan Carlos, entre otros».

Para la dirección de Personas Jurídicas, son «personas sin legitimación para el acto en cuestión», que «debatieron y formaron parte de la voluntad social, desconociendo abiertamente la sentencia dictada por la Excelentísima Cámara de Apelaciones que previno». Además, «resulta más llamativo aún, la ligereza con que las autoridades efectuaron el descargo, pretendiendo justificar un grave incumplimiento con meras argumentaciones dogmáticas».

Fuente: El Destape