El juez federal Norberto Oyarbide podría hacerse cargo de la causa en la que se acusa al vicepresidente Amado Boudou por violación de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias. Ocurre que en diciembre de 2011 recayó en su despacho otra causa por la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, y según versiones periodísticas, el juez estaría por reactivarla en una maniobra que le permitiría posteriormente pedir la unificación de los expedientes.

El Código de Procedimiento Penal establece que ante denuncias similares el magistrado más antiguo es quien se queda con la causa. No obstante, también se advierte que la causa deberá quedar en manos del que haya avanzado más en la pesquisa. Oyarbide cuenta con una ventaja en la antigüedad, pero tendría problemas con el segundo punto que favorece al juez Daniel Rafecas. Es que la causa en manos del controvertido juez sólo cuenta con la ratificación de la denuncia por parte del particular Jorge Pacífico, en tanto, la que tramita el fiscal Carlos Rívolo, delegada por Rafecas, está más avanzada ya que tomó declaraciones testimoniales y presentó pedidos de informes al Estado. Si Oyarbide reclama la causa para sí y Rafecas se opone, será la Cámara Federal quien tendrá la decisión final.

Por otro lado, la conducción de la ex Ciccone Calcográfica calificó como “infundios y mentiras” los dichos de Laura Muñoz, ex esposa del empresario y director de la empresa Alejandro Vandenbroele, que acusó a su ex pareja de ser el testaferro del vicepresidente.

En la causa que tramitan Rafecas y Rívolo se investiga si Boudou, desde su cargo, influyó para que se levante la quiebra de la empresa y le sea entregada a una sociedad presidida por Vandenbroele, amigo de la infancia del ex ministro de economía.