Decenas de integrantes de los directorios de las principales empresas de colectivos de Capital, Gran Buenos Aires y el interior del país tendrán que declarar desde el 22 de agosto y hasta el 29 de septiembre en indagatoria. Así lo decidió el juez Claudio Bonadio, quien tiene a su cargo una investigación judicial por el modo en que se pagaron y cobraron los subsidios al gasoil durante el gobierno kirchnerista.

En esa misma causa ya fue indagado el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y diputado nacional por el Frente para la Victoria. También pasaron por tribunales como imputados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime -preso desde abril de 2016 por otros casos de corrupción-, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos, también diputado nacional por el FpV. Además, fueron indagados quienes encabezaron la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), encargada de los controles: Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.
Así, luego de finalizada la tanda de indagatorias de ex funcionarios será el turno de los empresarios que recibieron más subsidios de los que les correspondían. A partir de esta decisión de Bonadio, según explican fuentes judiciales, se acerca el momento en que se resolverá la situación procesal de los ex funcionarios que fueron indagados en primer término, quienes negaron haber cometido delito alguno con la distribución del subsidio al gasoil.

Según dispuso el magistrado, pasarán a declarar -a razón de diez por día-los integrantes de las siguientes empresas: Línea 17, Línea 22 , Empresa de Transporte Pedro de Mendoza, Transportes Santa Fe, Azul de Transporte Automotor, Transportes Colegiales, Línea de Microómnibus 47, Microómnibus Ciudad de Buenos Aires, Transporte Automotor Plaza , Vuelta de Rocha, Transportes del Tejar, San Vicente de Transportes, DUVI SA, Empresa de Transportes Microómnibus Sáenz Peña, Empresa Antártida Argentina, Transportes Automotores Riachuelo, Línea 102-Sargento Cabral, Empresa de transporte 104, Empresa de Transporte América, Transportes Nueve de Julio, General Pueyrredón, Expreso Lomas, Microómnibus Barrancas de Belgrano, Mayo, NUDO SA, Micro Ómnibus Sur, Consultores Asociados Ecotrans, y Transporte interprovincial Rosarina.

En el expediente judicial se analiza el período comprendido entre 2005 y 2012. En esos años, ante la emergencia económica y para evitar subir las tarifas a los usuarios, el Estado subsidió el gasoil utilizado por los colectivos. La secretaría de Transporte pagaba los subsidios contra entrega de la declaración jurada de las empresas que señalaban cuántos kilómetros recorría cada unidad y cuántos pasajeros llevaba cada colectivo. Eso bastaba para que cobraran, previo control de la CNRT.

El sistema funcionó así hasta que luego de la Tragedia de Once, el área de Transporte pasó de la órbita de De Vido, al ministerio del Interior a cargo de Florencio Randazzo. Durante esa gestión se colocaron dispositivos de GPS en los colectivos y se expandió el sistema de la tarjeta SUBE. Con ambas medidas se pudo controlar con mayor precisión la cantidad de pasajeros transportados y los kilómetros recorridos por los colectivos.

En la investigación, además, se realizó una comparación entre los kilómetros que denunciaban las empresas antes de los GPS, con lo establecido luego de la aplicación del sistema de control. Se detectaron diferencias. Algunas menores que oscilaban entre el 5 y 10 por ciento y otras que llegaban al 50 por ciento. Es decir que, según lo determinado por los investigadores, las empresas declaraban más kilómetros recorridos que los reales y en consecuencia, cobraban más subsidios al gasoil.

El perjuicio contra el Estado detectado -en esta causa a cargo de Bonadio- es, según fuentes judiciales, de 206 millones de pesos. Al expediente judicial se le ha sumado un documento de la Auditoría General de la Nación (AGN) que en 2013 analizó los subsidios pagados durante 2010 y 2011. El organismo de control criticó con dureza el modo en que se controlaban y pagaban: "En lo que respecta al sistema de control imperante en el proceso de liquidación y asignación de beneficios, el mismo presenta deficiencias y debilidades, pudiendo resumirse lo expuesto en que no se han implementado las herramientas necesarias ni se utilizan adecuadamente las existentes", dice el informe.
Entre los indagados se encuentran los integrantes del directorio de la empresa de Transporte Interprovincial Rosarina, que percibió una cifra superior a los 750.000 pesos durante 19 meses en concepto de subsidio al gasoil. Los ejecutivos deberán explicar por qué cobraron esos subsidios si no tenían colecivos en funcionamiento. En la causa se le preguntó al Registro Nacional de la Propiedad Automotor cuántos colectivos poseía la empresa cuando cobró aquellos subsidios. La respuesta fue simple: cero. No tenía colectivos en funcionamiento. Había dejado de brindar el servicio pero igual cobró el subsidio. Los dueños de esa compañía tendrán que explicar cómo fue que aquello sucedió.