Sobre el límite del plazo legal de diez días hábiles, el presidente Javier Milei aplicó un veto total a los tres proyectos que el Congreso había aprobado el mes anterior. Las iniciativas incluían un aumento en las jubilaciones y su bono, la reactivación de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en el área de discapacidad.

La decisión del Ejecutivo se basó en el impacto fiscal que implicarían esas medidas, en un contexto donde la gestión económica intenta sostener con firmeza el objetivo del déficit cero. Aunque desde la oposición se barajaron alternativas –como vetos parciales o una reasignación de recursos–, Milei rechazó cualquier opción que no surgiera del propio oficialismo, marcando así una posición clara: solo su administración definirá el rumbo fiscal.

El veto se firmó justo dentro del plazo legal, diez días hábiles después de que el Senado comunicara las sanciones al Poder Ejecutivo, el pasado 21 de julio. Durante ese lapso, operadores políticos del Gobierno buscaron ganar tiempo para asegurar los votos necesarios frente a una posible contraofensiva opositora. El ánimo entre los libertarios es de máxima confianza.

“Estamos realmente muy optimistas”, afirmó un miembro de la mesa política de Gobierno. Desde La Libertad Avanza, sostienen que cuentan con el respaldo necesario para alcanzar el tercio de los presentes que permite convalidar los vetos presidenciales. En Casa Rosada están convencidos de que ninguna de las propuestas opositoras logrará avanzar.

El número exacto de diputados que votaría en contra de los proyectos aún no está definido, ya que depende de quiénes estén presentes y cuántos se abstengan. De todos modos, el oficialismo confía en reunir más de 80 votos, una cifra comparable a la obtenida en anteriores sesiones similares.

La gestión de Javier Milei ya enfrentó dos votaciones de esta naturaleza el año pasado: una en septiembre por la movilidad jubilatoria, donde obtuvo 87 votos negativos, y otra en octubre sobre el financiamiento universitario, con 84 votos en contra.

Dos importantes referentes legislativos de la oposición coincidieron con la lectura libertaria: hoy por hoy, no tienen los números para insistir con la aprobación de ninguno de los tres proyectos vetados. “Estamos bastante lejos de rechazar los vetos”, reconoció uno de ellos.

Todo indica que el Gobierno no tendrá que enfrentar ningún intento real por revertir los vetos. El miércoles próximo se convocará una sesión con una extensa agenda de temas. Entre ellos figuran el financiamiento a las universidades, la situación de emergencia en el Hospital Garrahan y en el Sistema Nacional de Ciencia, así como una serie de decretos desreguladores firmados por el Ejecutivo, que afectan organismos como el INTI, INTA, áreas de Cultura, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante y Vialidad.

La semana pasada, Presidencia, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía trabajaban en una propuesta conjunta para ofrecer a los gobernadores mayores recursos sin pasar por el Congreso. Aunque desde las provincias aseguran que la iniciativa no implicaría un alivio fiscal concreto, en el Ejecutivo destacan su valor simbólico y político, y postulan que las conversaciones podrían continuar más adelante. Algunos apuntan al tratamiento del Presupuesto 2026 como escenario para ese debate.

También están en agenda los proyectos de los gobernadores que buscan eliminar fondos fiduciarios y “coparticipar” el impuesto a los combustibles, además de reformar el esquema de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Desde la oposición surgieron dudas al respecto. “Creo que los gobernadores arreglaron”, lanzó una figura clave de Unión por la Patria. “Pedimos este miércoles un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto sobre estos proyectos y ninguno de los de Llaryora (Córdoba), ni los de Sáenz (Salta), ni los de Jaldo (Tucumán) firmaron”, añadió la fuente. Los tres competirán contra LLA en sus provincias.

Con este panorama, es probable que ni se insista sobre los vetos ni se avance con los proyectos de los gobernadores, aunque algunas jurisdicciones presionan para que se aprueben. En La Libertad Avanza lo dan por sentado: “Sería lógico que no se voten sus propuestas”.

Esta postura podría responder a una estrategia de Unión por la Patria y sus aliados para generar tensiones con los sectores opositores dialoguistas. Si bien ven poco probable torcer el rumbo actual, hay quienes creen que una eventual desilusión de aliados electorales podría hacerles perder algunos votos. Todo dependerá de si esos acuerdos políticos llegan a concretarse.

“No vamos a llamar a una sesión para voltear los vetos si no tenemos el apoyo. La conjunción del volumen de temas que vamos a tratar el miércoles, de la presión social que puede haber, más algunos temas electorales de los gobernadores pueden favorecernos”, analizan en la oposición. Sin embargo, desde el oficialismo consideran ese escenario muy poco probable.

Los proyectos de los gobernadores cuentan con media sanción del Senado, donde inicialmente parecía que avanzaban con fuerza. Pero la cercanía del cierre de alianzas electorales a nivel nacional moderó ese impulso, ya que el Gobierno empezó a tejer acuerdos con distintos mandatarios provinciales. Entre ellos se destacan Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), aunque varios de ellos insisten en que la política electoral y la legislativa no se mezclan. Con Claudio Poggi (San Luis) se acordó no presentar listas como gesto por el respaldo que LLA dio en los comicios de mayo. Claudio Orrego (San Juan) también aparece entre los aliados del oficialismo.

Si los proyectos promovidos por los gobernadores llegaran a aprobarse, Milei también aplicaría el veto, lo que sellaría el diálogo con el oficialismo en vistas a la discusión presupuestaria del próximo año. Esto podría derivar en una prórroga más del presupuesto, lo que permitiría al Gobierno seguir administrando fondos con discrecionalidad. Ante ese escenario, sectores de la oposición consideran preferible tener “un mal presupuesto” antes que permitir un manejo unilateral de los recursos públicos.