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Obra pública “a la chilena”: el plan de iniciativa privada que admira Javier Milei
Politica

El presidente electo afirmó que en Argentina “no hay plata” y ratificó que se paralizarán los proyectos de obra público ya aprobados y los que se encuentran en marcha. El libertario señaló que se insistirá en el modelo que aplicó Chile.

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22 noviembre, 2023

«Nosotros no tenemos plata» para la obra pública, respondió ayer el presidente electo Javier Milei, ante la pregunta de Alejandro Fantino en su programa que se emite Neurus.

Con esta charla el libertario ratificó que en su Gobierno se cortará la obra pública. A a la par aseguró que las iniciativas que ya están en marcha deberán terminarlas los intendentes de la mano del sector privado y que para ello deberán buscar sus propias fuentes de financiamiento. No es una novedad: como candidato ya había dicho que el país iba a avanzar en modelo de obras públicas “a la chilena”. Pero, ¿qué es y cómo funciona el modelo que admira el libertario?

Cómo es el modelo de obras públicas en Chile

El sistema de concesiones al que Milei hace referencia apunta a un mecanismo mediante el cual «el Estado le confiere al privado la responsabilidad de generar una inversión, entendiendo que las prioridades las define el Gobierno». A cambio de las obras, el privado adquiere el derecho de explotar la inversión. Por ejemplo, si una empresa construye una autopista, puede obtener el derecho a cobrar peajes durante los siguientes 20 o 35 años. Al concluir este período, el Estado puede asumir la gestión del servicio o iniciar una nueva licitación para su explotación y mantenimiento.

El objetivo es que capitales privados financiarán la infraestructura, la que, al ser considerada económicamente rentable, permitiría recuperar su inversión a través del cobro directo de una tarifa a los usuarios.

Es decir, el uso de las obras públicas construídas por capital privado sería cobrado a los usuarios.

En este sistema, inicialmente, existe un solo enfoque para evaluar la ejecución de proyectos de infraestructura: si constituye una inversión favorable o desfavorable para el sector privado. Sin embargo, es evidente que los intereses comerciales de entidades privadas no siempre se alinean con los requerimientos de las comunidades.

Un ejemplo fue proporcionado por la libertaria Diana Mondino, futura canciller, quien planteó la idea de que los residentes mismos deberían encargarse de la construcción de sistemas de cloacas si no hay una empresa dispuesta a hacerlo. Sin embargo, a estas infraestructuras se les pueden agregar diversas exigencias, como el establecimiento de centros médicos locales y la mejora de las vías rurales, por citar algunos ejemplos.

En Chile esto no quedó en manos de los vecinos. Así lo explicó Aparicio, que detalló que los desagotes para las lluvias en Santiago se hizo modificando las concesiones que había para la construcción de autopistas. A cambio, las empresas obtuvieron más años de explotación para la gestión de los peajes y realizaron las inversiones del sistema de drenaje. En algunos casos también se recurrió al sistema de licitaciones impulsadas y financiadas desde el Estado.

¿Obras para pocos?

El enfoque de obras públicas en Chile también enfrenta una serie de interrogantes. Uno de ellos, por ejemplo, está completamente relacionado con este dilema sobre cómo avanzar con proyectos necesarios pero no rentables.

Cabe destacar que, según Milei, este dilema no existe: como dejó claro a un seguidor durante una manifestación prolibertaria, el presidente electo sostiene que si una obra no es rentable para el sector privado, no debería llevarse a cabo.

Argumenta que utilizar fondos públicos para proyectos como tendidos eléctricos o caminos rurales poco transitados equivale a «apropiarse indebidamente» de los recursos de todos los ciudadanos en beneficio propio.

En el presente, también han surgido inconvenientes relacionados con la transparencia. Por ejemplo, en el caso de proyectos propuestos por las propias empresas al Estado, se aprueban sin someterse a licitación, es decir, sin competencia, y no se comprende claramente según qué criterios se evalúan o descartan dichos proyectos.

Otro aspecto señalado está relacionado con las repercusiones de la explotación. En Santiago, por ejemplo, el costo para los usuarios de desplazarse se incrementa constantemente, lo que ha provocado una serie de manifestaciones en contra del peaje automático y la escasez de opciones de rutas gratuitas.

El exdiputado chileno Marco Enríquez-Ominami afirmó que detrás de «la libertad de elegir» y del sistema de vouchers y la gestión privada de obras públicas está el hecho de que «la verdadera libertad es la de adquirir deudas». «En el ámbito de las obras públicas, lo que Chile llevó a cabo tuvo éxitos, pero también se encontró con desafíos significativos. Surgió una profunda crisis, marcada por contratos muy desequilibrados a favor de entidades privadas y un Estado que no supervisó adecuadamente las tarifas», comentó.

Los avances de la Obra Pública actual

En el actual mandato del ministro Katopodis, el gobierno nacional finalizó 4.434 obras públicas de las más de 7.200 iniciadas en la gestión. Según un informe oficial, se invirtieron $728.605 millones y con las que se alcanzó al 100% de los municipios del país.

Las obras se distribuyen de acuerdo a los ejes de gestión del MOP: 1.151 son de Conectividad e Infraestructura Vial; 1.762 de Gestión Integrada del Recurso Hídrico; y 1.521 corresponden a Infraestructura Urbana, Rural y del Cuidado.

Actualmente, 2.308 obras financiadas por el gobierno nacional se encuentran en ejecución y las 523 restantes, en circuito. Adicionalmente, 615 proyectos están en proceso de evaluación y aprobación.

A través de Vialidad Nacional, se intervinieron 20.146 km, entre los que se destacan 1.209 km de nuevas autopistas, autovías y rutas, y 18.937 km de repavimentación y mejoras, con la colaboración de Corredores Viales S.A., que en estos más de 3 años y medio de gestión empleó 313.150 toneladas de asfalto e instaló 5.836 luminarias LED en las rutas que tiene bajo su concesión en 13 provincias del país (5.844 km divididos en 10 tramos).

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