En las últimas horas, el gobierno de Javier Milei firmó un decreto donde se adjudicaron diferentes tramos de rutas a empresas privadas para ser concesionadas. Entre las firmas beneficiadas, surge una que llamó la atención y se trata de CPC, la histórica constructora de Cristóbal López, que se queda con 528 kilómetros entre la ruta 9, 33 y la A-008.

Mientras el empresario es juzgado por  causa Cuadernos y de Los Sauces-Hotesur, el gobierno le concedió un tramo de la ruta que atraviesa Trenque Lauquen, Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda. La empresa presentó $1856 de peaje cada 100 kilómetros, una cifra que fue calculada para el 2025, por lo que podría sufrir modificaciones.

López cuenta con un amplio expediente en Vialidad. Fue el concesionario de la autopista Ezeiza-Cañuelas, además de la Riccheri, cuando compró a la española OHL ese activo durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Pero, en el gobierno de Mauricio Macri, en 2017, el organismo regulador le rescindió el contrato por incumplimientos en los planes de obra y por retener fondos de peaje que debían ir al Estado.

Las otras rutas concesionadas fueron a parar a manos de: Creditech y Plantel, con una tarifa de $1989,67 más IVA por cada 100 kilómetros, para el tramo Mediterráneo, corredor que abarca 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35, entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. 

El mismo consorcio también ganó el tramo Portuario Sur, son 636,75 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188, en Buenos Aires y La Pampa, a cambio de una tarifa de $1256 más IVA, siempre cada 100 kilómetros.

Por último, licitaron el denominado tramo Puntano, allí ganó la oferta 27 presentada por la unión de empresas que formaron Basaa y Cecosa.