Scioli fusionó los ministerios de Seguridad y Justicia, y aumentó un 20 por ciento la cantidad de efectivos de comisarías del conurbano. Ivoskus le aumentó el rango jerárquico al área de Seguridad y, casi mensualmente, inaugura patrulleros policiales o cámaras de seguridad en el distrito. Sin embargo, la inseguridad no se detiene y ya se cuestiona si los esfuerzos y los recursos no están mal direccionados. Las coincidencias del ministro Casal y de De Narváez.
Por Gonzalo Cores
El municipio de San Martín no está exento de la inseguridad que reina en el país y, fundamentalmente, en todos los distritos del conurbano bonaerense. A pesar de los cambios institucionales y las periódicas adquisiciones de equipamiento y tecnología para combatir la delincuencia, son las mismas medidas que se implementan hace muchos años y que no logran revertir la realidad de la provincia.
En las últimas dos semanas, diferentes episodios se vivieron en San Martín y en municipios vecinos. En el distrito gobernado hace una década por Ricardo Ivoskus, más precisamente en la localidad de Billinghurst, asesinaron a un ingeniero que ingresaba a una bioquímica de un disparo en el pecho luego de intentar asaltarlo. Fue detenido un menor de 17 años.
Días después, el 29 de junio, una adolescente de 14 años fue encontrada estrangulada en San Martín. La niña se dirigía a visitar a su padre, que vive en una de las centeneras villas miserias del distrito.
Ya fuera de San Martín, se puede mencionar el asesinato de Juan Santos Rivero, un comerciante de 59 años, que intentó abortar el robo de su camioneta, en Moreno. El crimen de un abuelo de 78 años en San Fernando, baleado durante un robo en Talar de Pacheco por una chica de 15 años y un joven de 22. Por último, para nombrar sólo algunos de las decenas de episodios, hace quince días un violador de 34 años fue detenido y acusado de consumar 28 hechos de robo y tres abusos sexuales cometidos en Vicente López y San Isidro.
Según datos de un informe realizado por la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, se aumentó en más del 20 por ciento la cantidad de efectivos en las comisarías del conurbano bonaerense. Desde el comienzo de la gestión de Daniel Scioli se ascendió de 12 mil a más de 15.200 los efectivos que cumplen tareas de prevención, disuasión e investigación de delitos en las calles del Gran Buenos Aires
Sin ir más lejos, el jueves pasado en San Martín se presentaron 10 nuevos patrulleros y 10 nuevos agentes de seguridad, adquisiciones que desde hace varios años se observan en el municipio. Pero que, a la hora de sacar conclusiones, nunca solucionaron el problema de fondo.
“Con la función operativa que estamos dando, a partir de la implementación de estos patrullajes, y después con la implementación de las cámaras de seguridad (se estiman más de 140), es muchísimo lo que vamos a aportar a la Policía y a la Seguridad de nuestro distrito”, respondió Stella Maris Gavira, subsecretaria de Seguridad municipal, ante la consulta de LaNoticiaWeb.
Semanas después que Scioli decidiera fusionar los ministerios de Seguridad y de Justicia, Ricardo Ivoskus le aumentó el nivel jerárquico al área de Seguridad distrital. Respecto a esto, el intendente le afirmó a LaNoticiaWeb que el cambio de Dirección a Subsecretaría forma parte del Programa Integral de Protección Ciudadana. “Hemos presentado una gran cantidad de asignaciones al municipio. El control que tenemos que desarrollar es mayor, hay un incremento de las funciones del área muy importante. Por esto es que observé conveniente la jerarquización del espacio”, agregó Ivoskus.
Esta realidad no sólo pesa en San Martín, sino en todo el país. Un estudio realizado por la Universidad Torcuato Di Tella indica que uno de cada tres hogares de la Argentina reconoce haber sufrido un delito en los últimos 12 meses, es decir el 32 por ciento de las residencias encuestadas. En el Gran Buenos Aires esa cifra se incrementa al 34,5 por ciento, mientras que en la Capital Federal se registra un 34,8 por ciento. Los números son alarmantes cuando se los compara con otras grandes ciudades urbanas del país como Tucumán, Rosario, Córdoba y Mendoza, que registran un 25 por ciento.
Quizá haya llegado el momento de realizar una reforma de fondo en la materia, dejar de destinar todos los recursos y todo el dinero del área de seguridad a combatir la delincuencia propiamente dicha, y comenzar a direccionar esos esfuerzos a combatir las causas de porqué un chico de 15 años, bajo los efectos del paco, o un padre de familia con ocho hijos no encuentra otra alternativa que salir a delinquir.
LAS COINCIDENCIAS DE CASAL Y DE NARVÁEZ
El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, y el ferviente opositor del kirchnerismo, el diputado Francisco de Narváez, coincidieron en que la policía se ve superada por los delincuentes. El funcionario de Daniel Scioli afirmó que “en muchas oportunidades el poder de fuego de ciertas organizaciones de delincuentes es superior al de los efectivos de la bonaerense.
En una similar sintonía, el legislador del Peronismo Federal sostuvo: “La cantidad de policías que hoy tenemos en la provincia es bastante inferior a la que necesitamos”. Y agregó: “Hay que definir como enemigo público número uno al narcotraficante. Si esa decisión no está tomada, todo lo demás es simplemente un anunciado vacío".
Respecto a esta problemática, Casal señaló: “Una encuesta efectuada por el Sedronar reveló que el 40% de las personas que se encuentran detenidas en el sistema penitenciario estaban narcotizadas al momento del delito. El paco ha generado una maya de consumo y comercialización muy preocupante por la cantidad de dosis que necesita el adicto, sumado a que se distribuye en un sector de la población muy vulnerable".

