La situación de extrema vulnerabilidad social llevó a que, en este momento, dirigentes de movimientos sociales elaboren un documento a través del cual le exigirán al gobierno de Alberto Fernández que prorrogue la ley de “Emergencia Alimentaria”, que caducará en diciembre, y una serie de medidas urgentes como el incremento en los valores que se destinan de manera mensual a la Tarjeta Alimentar y a la Asignación Universal por Hijo (AUH), para contener “las necesidades de extrema vulnerabilidad en las barriadas más humildes”. Ese es el diagnóstico que hacen en las organizaciones sociales como Barrios de Pie, que lidera Daniel Menéndez.

Menéndez ocupa un doble rol: coordinador nacional de Somos Barrios de Pie y funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social, es el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local.

“En el último tiempo notamos un incremento de la asistencia de los chicos en los comedores. Quienes formamos parte de los movimientos populares, también creemos que es necesario avanzar en un paquete de leyes que tengan como norte la Emergencia Alimentaria”, adelantó y precisó que “tenemos que avanzar, por un lado, en el fortalecimiento de los ingresos destinados al consumo de alimentos de los sectores populares incrementando los montos en la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo y en las prestaciones que tiene el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Políticas Alimentarias”.

Menéndez afirma que desde su espacio comenzaron a evaluar a los niños y niñas que pueblan los más de dos mil comedores y merenderos que dependen de Somos Barrios de Pie en todo el país.

Pediatras de hospitales que funcionan en municipios como La Matanza, Lanús, Moreno, Esteban Echeverría, Quilmes y Lomas de Zamora, entre otros distritos; detectaron que más del 50% de los chicos que atienden en los consultorios externos presentan sobrepeso por “mala alimentación” y “baja estatura” y “deficiente desarrollo corporal”.

Es el resultado de año de mal nutrición en el país de la carne y el cereal. El dato sin embargo, no es novedoso.

El año pasado, la inversión en Políticas Alimentarias del Frente de Todos, a través del ministerio de Desarrollo Social fue récord: $244.789 millones. El principal programa es la Tarjeta Alimentar que se extiende a 2.400.000 titulares y alcanza a 4.100.000 personas.

El año pasado, las políticas alimentarias se incrementaron en un 83,7% con respecto a 2020. Y para 2022 la inversión es mayor aún.

El dato es alertador por dos aspectos: por un lado la alimentación de la población más vulnerable, por otro, el cada vez más creciente número de recursos que se destina a comedores, pero que sin embargo, tiene cada vez menor impacto y no llega.

Sobre todo, en un contexto en el que el Gobierno debe ajustar las cuentas fiscales, en busca de equilibrio para el acuerdo con el FMI.

Menéndez y las organizaciones ligadas al oficialismo deben hacer un difícil equilibrio en presionar para que haya más recursos, sin que la sangre llegue al río.