La decisión del Gobierno nacional de avanzar con un recorte general sobre la administración pública abrió una nueva alarma en el área sanitaria. Dentro del anexo de la decisión administrativa 20/2026 apareció una fuerte reducción de fondos para el Ministerio de Salud, que perdió más de $63.000 millones en partidas presupuestarias.

La poda impactó sobre programas sensibles y volvió a poner en discusión el rumbo que tomó la gestión de Javier Milei en materia sanitaria. El ajuste alcanzó áreas ligadas a medicamentos, enfermedades transmisibles, tratamientos de alto costo y políticas de prevención.

Desde la cartera que conduce Mario Lugones intentaron justificar la medida con el argumento de “ordenar” el sistema y evitar superposiciones. También aseguraron que no existirá desfinanciamiento en áreas sensibles. Sin embargo, dentro del propio sector sanitario crecieron las críticas y las advertencias por las consecuencias del recorte.

El ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein cuestionó la política oficial y habló de una “falta de conciencia desde la conducción en cuanto a las profundas consecuencias que estas políticas pueden generar en el mediano y, desde ya, largo plazo. En especial, en la población más vulnerable”.

Uno de los principales golpes cayó sobre el programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica. Allí el recorte rondó los $20.000 millones. En ese esquema funcionan áreas clave como el Banco de Drogas Oncológicas, la provisión de medicamentos esenciales, los tratamientos para patologías especiales y la asistencia a pacientes trasplantados.

También quedó bajo amenaza el histórico plan Remediar. El programa distribuyó medicamentos gratuitos desde 2002 en centros de atención primaria de todo el país. Rubinstein defendió esa política y advirtió sobre el impacto de su desmantelamiento.

“Este programa tiene años largos entregando insumos gratuitos de forma ininterrumpida. Claramente es una medida pro equidad que siguió funcionando en todas las gestiones, entregando medicamentos esenciales. Desde antibióticos hasta remedios para cubrir las enfermedades crónicas más prevalentes, o anticonceptivos, por ejemplo. La logística ya está aceitada y se está desmantelando el programa bajo el concepto de que todo lo que tienen que bancar las provincias. Esto va a repercutir en los indicadores sanitarios”, afirmó.

Las críticas también llegaron desde otros especialistas. Rubén Torres, ex superintendente de Servicios de Salud, alertó por la situación del INCUCAI y por los recortes sobre tratamientos oncológicos. “Lo que me preocupa son tres cosas: la desaparición del plan Remediar, que impacta de forma directa en el bolsillo de los más pobres; la disminución de los presupuestos para el INCUCAI, o sea para trasplantes, y en el área de cáncer, que se vincula a la compra de tratamientos de alto costo”, sostuvo.

El ajuste golpeó además al área de cáncer. Allí el Gobierno quitó otros $5.000 millones. Según datos oficiales, la ejecución presupuestaria de ese sector quedó en niveles mínimos durante los primeros meses del año.

La reducción de fondos también afectó programas de prevención y control de enfermedades transmisibles. Hubo recortes en áreas ligadas al dengue, zoonosis, vacunación y VIH. El programa de respuesta al VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra perdió otros $800 millones.

En salud sexual también apareció una nueva poda. El programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable sufrió una reducción de $900 millones. En hospitales públicos ya existían denuncias por problemas en la entrega de anticonceptivos y preservativos.

Otro de los puntos sensibles pasó por las transferencias a las provincias. El programa SUMAR+ recibió una reducción millonaria y eso encendió alarmas en distritos con menos recursos. Especialistas remarcaron que el recorte profundizará las desigualdades sanitarias entre provincias.

El ajuste también alcanzó organismos estratégicos como el INCUCAI, la SEDRONAR, el ANLIS-Malbrán y la Superintendencia de Servicios de Salud. A eso se sumó una fuerte poda sobre la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, creada tras los conflictos en hospitales nacionales por despidos y salarios.

Mientras el Gobierno insiste con la motosierra como eje de gestión, en el sistema sanitario crece la preocupación por el impacto social del ajuste. Las advertencias ya no apuntan sólo al presente. También ponen el foco sobre las consecuencias que podrían aparecer en los próximos años.