La senadora provincial Mónica Macha, de Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley para suspender por un año las ejecuciones hipotecarias, tanto judiciales como extrajudiciales, sobre inmuebles destinados a vivienda única y de ocupación efectiva en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa busca brindar una respuesta frente al creciente deterioro de las condiciones económicas que atraviesan miles de familias bonaerenses, muchas de las cuales enfrentan el riesgo de perder su único hogar como consecuencia del endeudamiento y la imposibilidad de afrontar las cuotas de sus créditos hipotecarios.

«Desde que asumió Javier Milei, millones de argentinos y argentinas se vieron obligados a endeudarse para poder sobrevivir. Endeudarse para comer, para pagar el alquiler o para llegar a fin de mes. Al mismo tiempo, el pluriempleo dejó de ser una excepción y pasó a ser la regla para sostener los ingresos familiares. No solo está en riesgo el derecho a la vivienda, también el derecho al cuidado, al tiempo propio, al descanso y al ocio. Esa realidad impacta directamente en nuestros cuerpos y en nuestra salud mental. El gran hito del gobierno de Milei es el endeudamiento para poder sobrevivir», sostuvo Macha, referenta de Nuevo Encuentro.

En ese sentido, el proyecto establece una suspensión excepcional y transitoria de las ejecuciones hipotecarias con el objetivo de proteger el derecho a la vivienda y evitar que la crisis económica derive en nuevos desalojos. La medida alcanza exclusivamente a la vivienda única y de ocupación efectiva y no implica la condonación de las deudas, sino el otorgamiento de un plazo para que las familias puedan reorganizar su situación económica.

La iniciativa se presenta en un contexto de fuerte deterioro social y económico. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), 20,9 millones de argentinos y argentinas tienen algún tipo de deuda y 5,8 millones se encuentran en situación de mora. En la provincia de Buenos Aires, el 28,5% de las personas endeudadas está en mora, mientras que la morosidad en billeteras virtuales alcanza el 31,6%.

La crisis también impacta de lleno sobre el acceso y la permanencia en la vivienda. De acuerdo con datos de Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional, el 73% de las personas inquilinas tiene deudas, uno de cada cinco hogares debió mudarse por motivos económicos y casi la mitad destina el 50% o más de sus ingresos al pago del alquiler. En la provincia de Buenos Aires, el 21,5% de los hogares tuvo que abandonar su vivienda por no poder afrontar el alquiler.

En los fundamentos del proyecto se advierte que el creciente endeudamiento, la pérdida de ingresos y la precarización del empleo ponen en riesgo el derecho a la vivienda de miles de familias. En ese contexto, los créditos ajustados por UVA agravaron la situación: desde su creación y hasta abril de 2026, la Unidad de Valor Adquisitivo acumuló un incremento del 13.200%, generando una carga imposible de afrontar para muchas familias.

«La vivienda es un derecho humano fundamental y no puede quedar librada exclusivamente a la capacidad de pago de las familias en un contexto de crisis. Cuando la economía empuja a miles de personas al endeudamiento, el Estado tiene la obligación de intervenir para evitar que pierdan su único hogar», sostuvo Macha.

Con este proyecto, la legisladora propone una herramienta de protección urgente para preservar el derecho a la vivienda, evitar desalojos derivados de ejecuciones hipotecarias y brindar un alivio temporal a las familias bonaerenses afectadas por la crisis económica nacional.