Los investigadores apuntan a un sistema de recaudación ilegal que beneficiaría a los Menem y a Karina Milei, señalada como jefa política de esa estructura. La figura del propio Presidente quedó en el centro de la discusión, después de que en un acto en Junín declarara: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”. Esa frase fue interpretada como una admisión del mecanismo que ahora revisa la justicia.

Fuentes judiciales afirmaron que “el caso de las coimas apunta al corazón del modus operandi de la corrupción de Milei”. Por esa razón, Picardi solicitó el bloqueo de cajas de seguridad pertenecientes al ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, a su segundo Daniel Garbellini y a los empresarios Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.

El expediente avanzó con una velocidad poco frecuente en Comodoro Py cuando se trata de causas que rozan al poder político. Hace un año, un abogado había denunciado el esquema de retornos con Suizo Argentina, pero esa presentación quedó archivada por el fiscal Carlos Rivolo sin mayores explicaciones. Esta vez la reacción fue distinta. Casanello y Picardi ordenaron allanamientos inmediatos en las viviendas de los implicados para incautar teléfonos y computadoras, aunque evitaron pedidos de detenciones para no generar maniobras que desplacen la causa.

Durante esos procedimientos apareció un hecho que irritó al fiscal: la seguridad privada de Nordelta, donde reside uno de los empresarios investigados, demoró el ingreso de los agentes judiciales. Ese retardo habría permitido que Jonathan Kovalivker retirara pruebas de sus cajas de seguridad. Frente a esa situación, Casanello analiza procesar al jefe de seguridad del country, Ariel De Vincentis. Un funcionario con experiencia en estas causas explicó: “Estamos hartos de que vigilantes de los countrys avisen a los implicados en causas judiciales antes que lleguemos para que escapen u oculten pruebas”.

En los pasillos de Comodoro Py describieron a Picardi como un fiscal inflexible. Un colega suyo señaló: “Picardi no pidió detenciones al voleo pero avanza con puño de hierro”. Otra fuente agregó: “El juez no va a tolerar la obstrucción de justicia” y destacó que tanto Casanello como Picardi se movieron con rapidez para impedir que se destruyan pruebas.

La estrategia del oficialismo apunta a descalificar a los investigadores como cercanos al kirchnerismo. Sin embargo, ambos magistrados cuentan con antecedentes que contradicen esa acusación. Casanello fue designado en el período de Cristina Kirchner, pero en su carrera instruyó expedientes contra funcionarios del ex Ministerio de Planificación y también contra empresarios alineados con el macrismo. Picardi, por su parte, trabajó en el Ministerio de Justicia bajo la gestión de Julio Alak, aunque lleva una década como fiscal y se ocupó de causas de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

En el marco de la investigación, Jonathan Kovalivker se presentó ante la justicia y entregó su celular, aunque se negó a brindar la clave de acceso. Un especialista consultado señaló que “igual se puede abrir y averiguar si borró archivos o no”. En contraste, Garbellini sí facilitó sus datos para que los peritos revisen su dispositivo.

Un elemento clave que fortaleció la investigación fue el crecimiento explosivo de los contratos de Suizo Argentina durante la gestión de Milei. La empresa pasó de firmar acuerdos por 3900 millones de pesos en 2024 a 108 mil millones en lo que va de este año, una cifra que encendió alarmas sobre el verdadero alcance de los vínculos entre la droguería y el poder político.