El presidente Javier Milei asumió en la cumbre del Mercosur un rol de confrontación abierta. Ratificó su alineamiento con Donald Trump y respaldó la presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Venezuela. Frente a sus pares regionales, dejó otro mensaje central: el Mercosur necesitó una “reforma institucional integral” que redujera su costo económico.

El planteo apuntó de forma directa a la estructura del bloque. Milei cuestionó lo que definió como “burocracia” y puso en debate el funcionamiento de secretarías, organismos y foros políticos. El mensaje tuvo un destinatario claro. Luiz Inácio Lula da Silva defendió el esquema actual del Mercosur y sostuvo la necesidad de preservar sus instituciones.

La Casa Rosada definió varios ejes de disputa. El primero fue el Arancel Externo Común. Desde el entorno presidencial explicaron que “en muchos casos llega al 35 por ciento”, mientras otros bloques aplicaron tasas cercanas al “6 por ciento”. Para el Gobierno, esa diferencia encareció la producción regional. “Hoy producir un auto es mucho más caro en el Mercosur que en el resto del mundo”, señalaron fuentes oficiales. El dato complicó, según esa mirada, el acceso a mercados como México.

El segundo punto fue la posibilidad de firmar acuerdos comerciales sin el aval unánime de los socios. Milei sostuvo que la actual rigidez bloqueó negociaciones clave. En ese marco, el Gobierno acusó a Brasil de frenar acuerdos con Emiratos Árabes Unidos y Vietnam. “Ponen límites a la petroquímica o a los electrodomésticos, eso no es libre comercio”, expresaron desde el Ejecutivo.

En esa discusión, el Presidente sumó aliados. Paraguay acompañó la postura argentina y Uruguay también respaldó una baja general de aranceles. Yamandú Orsi mantuvo sintonía ideológica con Lula, pero apoyó una apertura mayor del bloque en materia comercial.

La ofensiva incluyó un ajuste concreto. El Gobierno redujo aportes al Mercosur y reordenó su representación diplomática. Unificó la embajada argentina en Uruguay con la delegación ante el bloque regional. Ambas funciones quedaron a cargo de Alan Beraud en Montevideo. “No tenía sentido tener dos embajadores ahí”, explicaron desde la Casa Rosada.

También recortó fondos al Instituto de Derechos Humanos del Mercosur, que pasó de un presupuesto anual de dos millones de dólares a 200 mil. Dirigentes kirchneristas y organismos de derechos humanos calificaron esa cifra como “insuficiente”.

Otro blanco fue el Parlasur. Milei y sus cancilleres cuestionaron su utilidad política. Desde el Gobierno afirmaron que “fue fundado por gobiernos progresistas”, pero que “no sesiona” y que “sus decisiones no son vinculantes”. Argentina acumuló una deuda superior a los tres millones de dólares en aportes, al igual que Paraguay. Uruguay registró casi dos millones. Brasil quedó al día. “Al Parlasur hoy lo sostiene Brasil”, afirmó un legislador argentino de ese cuerpo.

La tensión también alcanzó al plano político. El Ejecutivo rechazó la creación de un Foro Social del Mercosur impulsado por Lula. Ese espacio reunió a organizaciones progresistas que rechazaron el acuerdo con la Unión Europea y condenaron los “ataques promovidos por Estados Unidos contra Venezuela en el Mar Caribe”. En Balcarce 50 calificaron la iniciativa como “delirante”. El planteo quedó fuera de los documentos finales de la cumbre.

Desde la oposición, el exembajador y actual legislador del Parlasur Gabriel Fuks defendió el funcionamiento del bloque. “El Mercosur fue muy benévolo con el Gobierno. Le avaló subir de 100 a 150 los productos que puede negociar con terceros países”, sostuvo. También afirmó que “cuando hay tensiones políticas, los foros sirven para resolver esos conflictos”.

La cumbre dejó un escenario abierto. Milei avanzó con una estrategia de choque y puso en discusión el corazón institucional del Mercosur. Lula defendió el modelo vigente. La disputa excedió lo ideológico y expuso intereses económicos contrapuestos dentro del principal bloque regional.