El Gobierno de Javier Milei planea enviar al Congreso una reforma laboral de amplio alcance que incorpora varios puntos del decreto 70/23, suspendido por la Justicia. La propuesta retoma ideas del texto impulsado por la diputada libertaria Romina Diez y cuenta con el respaldo de catorce legisladores de La Libertad Avanza. Según confirmaron fuentes oficiales, el proyecto prevé cambios en la jornada de trabajo, en las vacaciones, en los convenios colectivos y en la forma de pago de los salarios.

Entre las principales modificaciones figura la posibilidad de fraccionar las vacaciones. El texto habilita al empleador a otorgarlas en cualquier momento del año y a dividirlas “en períodos no inferiores a una semana”, con una notificación de 21 días de anticipación. Hoy, la Ley de Contrato de Trabajo fija que el descanso anual se concede entre octubre y abril, y que debe comunicarse con 45 días de antelación.

Otro punto central es la autorización para firmar acuerdos laborales a la baja, algo que hasta ahora impide el principio de “irrenunciabilidad”. La iniciativa permite que “cuando se celebren acuerdos relativos a modificaciones de elementos esenciales del contrato de trabajo, las partes podrán solicitar a la autoridad de aplicación su homologación”. Con esta cláusula, las empresas y los sindicatos podrían pactar condiciones inferiores a las de los convenios vigentes, siempre que el Ministerio correspondiente las avale.

El texto también restringe las opciones del trabajador frente a cambios unilaterales en sus condiciones laborales. Si un empleado no acepta las modificaciones introducidas por su empleador, sólo podrá considerarse despedido y reclamar una indemnización. Actualmente, la ley le permite recurrir a la Justicia para exigir la restitución de sus derechos sin perder el puesto.

El proyecto contempla además la reinstalación de los tickets de comida, bajo la figura de “beneficios sociales” no remunerativos. De esa manera, no se tomarán en cuenta para calcular indemnizaciones o aportes. Este sistema había sido eliminado en 2007, cuando el Congreso incorporó los vales al salario formal tras una denuncia por intento de soborno que involucró a las empresas emisoras de esos vales.

Otro de los apartados reactiva un artículo del DNU 70/23 que autoriza el pago de sueldos a través de billeteras electrónicas, como Mercado Pago. La iniciativa amplía el listado de entidades habilitadas para realizar liquidaciones salariales, incluyendo “otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación considere aptas, seguras, interoperables y competitivas”.

El propio Marcos Galperín celebró aquella medida a fines de 2023. “Peronia era el único país de América Latina donde podías pagar sueldos en bancos y en efectivo pero estaba prohibido pagarlos en billeteras digitales, que te pagan un interés diario vs las cajas de ahorro de los bancos que te pagan 0%. ¡Viva Perón!”, escribió en redes sociales.

En paralelo, el Gobierno definió no homologar paritarias por encima de la inflación, decisión que afectó a sindicatos como Camioneros y Sanidad. Esa medida, sumada al avance del proyecto de reforma, tensó el vínculo con la CGT. Dirigentes de la central obrera aseguraron que analizan una nueva movilización o paro general en enero. “La situación se agravó. No hay voluntad de diálogo real”, advirtió el dirigente Octavio Argüello.

La Casa Rosada busca presentar la iniciativa a comienzos de 2025 como parte del programa de desregulación del ministro Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios más cercanos al Presidente. Para el oficialismo, el objetivo es “modernizar las relaciones laborales” y promover la contratación en el sector privado. Para la CGT, en cambio, se trata de un intento de eliminar derechos básicos de los trabajadores y debilitar a los sindicatos en las negociaciones colectivas.