Nueve días después de la difusión del anuncio oficial que expuso la influencia de la guerrilla en el convulso escenario político que precedió al golpe de Estado de 1976, el presidente Javier Milei optó por el aniversario del desembarco que intentó recuperar las Islas Malvinas hace 42 años para proclamar el inicio de una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas. Más allá de cualquier reclamo histórico, la atención que hoy esperan los militares está más relacionada con mejoras salariales, especialmente después de que el gobierno actual de La Libertad Avanza redujera los salarios el pasado 31 de enero.

«El mensaje del Presidente fue positivo, pero son meras palabras que aún no se han traducido en acciones concretas. La falta de fondos y la suspensión del plan de equiparación salarial que el gobierno anterior había establecido en etapas son ejemplos claros de esto», señaló un exjefe militar.

En estos momentos, el ministro de Defensa, Luis Petri, está evaluando la posibilidad de implementar una mejora salarial para las fuerzas armadas, con el fin de mitigar el malestar que ha persistido durante varios años debido a las disparidades salariales en comparación con las fuerzas de seguridad. Actualmente, la brecha salarial es del 25%, y el Gobierno está trabajando para aumentar los sueldos y «acercarse» gradualmente a los ingresos de los agentes de la Gendarmería y la Prefectura.

El pasado 31 de enero, el Gobierno otorgó un aumento del 16% a los militares a partir de febrero, pero no se abonaron las dos cuotas pendientes de un aumento escalonado que había sido planificado por el exministro Jorge Taiana, y que representaba cerca del 20% del salario. En ese momento, cerca del ministro de Defensa se argumentó que era una promesa del gobierno anterior, sabiendo que no contaban con los fondos necesarios, y formaba parte del Plan Platita.

Inevitablemente, todas las posibilidades de mejora están siendo analizadas por Petri en colaboración con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Una fuente militar consultada describió que la política militar de Milei, en la que tiene más influencia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que la vicepresidenta Victoria Villarruel –unida a los militares por coincidencias políticas y lazos familiares y afectivos- se muestra “muy favorable a las Fuerzas Armadas hasta que llega el momento de invertir en ellas”.

Sectores militares interpretan como una revalorización la convocatoria a participar de las operaciones para combatir el narcotráfico, ante el avance de las organizaciones criminales, si bien por ahora se trata de “intervenciones de apoyo logístico”. Mientras tanto se avanza en proyectos para modificar la ley de seguridad interior, lo que ampliaría la capacidad de las Fuerzas Armadas en un escenario como el de Rosario.

De todos modos, no es plena la coincidencia sobre esta decisión en el interior de las Fuerzas Armadas. Así lo reflejó, al transmitir públicamente su desacuerdo, la vicepresidenta Villarruel, una de las voces que mejor expresa hoy el pensamiento de la familia militar.

Otra propuesta en la que trabaja el ministro Petri es la recuperación del sentido original de la ley de defensa nacional, que permite actuar a las Fuerzas Armadas ante “agresiones de origen externo”, como reza el artículo segundo de la norma, eventualidad que el gobierno de Néstor Kirchner restringió en 2006, mediante un decreto reglamentario, a ataques de organizaciones armadas de Estados extranjeros.

Aunque no está muy claro el aporte que los militares podrán realizar al nuevo orden económico que se acordará en el Pacto de Mayo, es considerada auspiciosa la convocatoria a los jefes del Estado Mayor Conjunto y de las Fuerzas Armadas, así como a las organizaciones de veteranos de Malvinas, para “ser testigos y estandartes de la nueva Argentina” que el Presidente aspira a alumbrar en Córdoba el 25 de Mayo.

“El apoyo es total y es bien visto que las Fuerzas Armadas sean convocadas y se comprenda que nuestro aporte va más allá de cualquier bandera política”, confió una fuente cercana a la conducción de las fuerzas.

El último antecedente de la participación de militares en temas políticos en períodos de democracia se remonta al gobierno de María Estela Martínez de Perón, cuando la entonces presidenta convocó a los comandantes de las Fuerzas Armadas a participar de las reuniones de gabinete.

“Nuestro aporte a la defensa de la patria es apartidario y nuestra ayuda en misiones de paz o en situaciones de emergencia nunca pueden ser afectadas por intereses sectoriales. Ese vínculo y el compromiso directo con la sociedad siempre tienen que estar inalterados y es muy bien visto que un Presidente de la Nación así lo sienta y exprese”, señalaron en el ámbito castrense. Dejaron en claro, sin embargo, que “las Fuerzas Armadas no toman partido alguno sobre las decisiones de Estado”.