Por Andrés Lerner

Luego de idas y vueltas, denuncias de discriminación por parte del intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, el gobierno nacional decidió a comienzo de este año terminar el tramo del Metrobus que faltaba, justamente la parte en que debía circular por las tierras que conduce el jefe comunal del Frente de Todos.

El 16 de julio pasado, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal encabezaron el acto de inauguración de la obra con tono de campaña: “Esto son realidades concretas, obras que empezaron y terminaron sin ninguna denuncia de corrupción”, afirmó la gobernadora.

Pero, en contraposición a las palabras de la gobernadora, las empresas contratadas, invitan a más de un cuestionamiento. La denominada etapa 1, que abarca el partido de Tres de Febrero, fue asignada a Bricons SA, cuyo titular, Mario Ángel Raspagliesi, colaboró con $500 mil a título personal y con $500 mil más desde la Agropecuaria El Mistol para el “Desenvolvimiento institucional” del PRO durante la cena de recaudación de dinero previa a la campaña presidencial realizada en 2015.

El apoderado del PRO en aquel momento, José Torello, admitió que el efectivo recaudado en esa cena “era plata para la campaña electoral”, durante una entrevista cosignada al diario La Nación en la que también pidió “leyes que sinceren el sistema de financiamiento de los partidos políticos”, a medida con lo que posteriormente el Congreso sancionó.

La ley electoral vigente en aquel momento prohibía a los partidos recibir dinero de empresas y utilizarlo en la campaña y si bien eso se modificó este año, sigue siendo ilegal el aporte de aquellas firmas que sostengan contratos con el Estado.

La empresa Ingevial, que trabaja en sociedad con Bricons mediante una UTE (unión transitoria de empresas), recibió más de $240 millones para realizar la segunda etapa que abarca entre la Rotonda Ruta 4 y la avenida Juan Domingo Perón.

Esta misma firma ya había sido cuestionada por sobreprecios en el Metrobus norte que une la Capital Federal con Vicente López, la compra directa otorgada para parte del paseo del bajo, que ahora investiga el juez Claudio Bonadío, y como si fuera poco figura mencionada en los cuadernos de Oscar Centeno de las supuestas coimas en la obra pública con un pago superior a los $20 millones.

Estas constructoras se convirtieron en proveedoras de la Ciudad antes de la llegada de Macri al gobierno porteño, pero durante el segundo mandato del ex presidente de Boca y el de Horacio Rodríguez Larreta aumentaron su facturación con el distrito capitalino y se metieron en el ranking de las preferidas en la obra pública.

Pero la contraparte también tuvo su beneficio, porque Raspagliesi no solo aportó generosamente en la cena de recaudación del PRO, sino que también desembolsó dinero en la fundación PENSAR, think-thank macrista conducido por Guillermo Dietrich, que a su vez sirvió de respaldo financiero a la hora de declarar aportantes ante la Cámara Nacional Electoral.

Dichos aportes están siendo investigados por el Juez Marcelo Martínez di Georgi que estudia la posibilidad de que estas fundaciones, con poca o nula actividad, no hayan sido más una maniobra para evadir la ley de financiamiento de los partidos políticos.