El Gobierno nacional reunió este lunes a su mesa política en la Casa Rosada con un objetivo central: ordenar la estrategia parlamentaria para destrabar la reforma laboral en el Senado y garantizar los votos necesarios. Tras el encuentro, el oficialismo anunció una decisión que amplió el alcance de las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo incluyó en el temario el proyecto de ley Penal Juvenil, una iniciativa que reabrió una discusión sensible dentro y fuera del Congreso.

El anuncio lo realizó el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta en X. Allí escribió: «Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin». El mensaje acompañó una imagen del encuentro y marcó el tono político de la jornada.

La reunión contó con la participación de los principales referentes del oficialismo. Estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También asistieron el asesor presidencial Santiago Caputo, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt y, de forma puntual, el ministro de Economía, Luis Caputo.

Más allá del anuncio sobre la ley Penal Juvenil, el foco del encuentro estuvo puesto en la reforma laboral. En el oficialismo reconocieron que el proyecto aún no reunió los votos suficientes tal como quedó dictaminado, pese a que el texto superó el trámite en comisiones a fines de diciembre. La iniciativa superó los 200 artículos y generó objeciones de bloques dialoguistas y de varios gobernadores.

Bullrich y Menem concentraron la tarea de articulación parlamentaria. Sin embargo, todas las miradas se posaron sobre Santilli, quien desde el Ministerio del Interior mantuvo el vínculo directo con los mandatarios provinciales. Algunos gobernadores plantearon reparos sobre artículos vinculados a impuestos, por el impacto que podrían tener sobre la recaudación local.

Ante ese escenario, el Gobierno aceptó revisar puntos sensibles del proyecto. La estrategia incluyó negociaciones caso por caso y gestos políticos para sostener el respaldo de los bloques de centro. Santilli sumó apoyos de gobernadores como Marcelo Orrego, Leandro Zdero, Gustavo Sáenz, Alfredo Cornejo, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck. A ese grupo se agregó luego Rogelio Frigerio, lo que elevó el número de mandatarios alineados con la iniciativa.

La mesa política también definió el reparto de roles y la centralización de la vocería. El Ejecutivo buscó evitar mensajes cruzados y mostrar cohesión interna, en un contexto de resistencia sindical y oposición parlamentaria. Además, se discutió el ritmo del tratamiento legislativo, con la intención de avanzar sin demoras, pero sin acelerar un debate que pudiera fortalecer rechazos.

El calendario oficial apuntó a llevar la reforma laboral al recinto del Senado a mediados de febrero. Si el oficialismo alcanzó los acuerdos necesarios, el proyecto avanzó luego hacia la Cámara de Diputados. Con la ampliación del temario y la incorporación de la ley Penal Juvenil, el Gobierno apostó a convertir las sesiones extraordinarias en un tramo decisivo de su agenda política y legislativa.