El gobierno ha decidido eliminar la jubilación de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner, así como la pensión que recibía por la muerte de Néstor Kirchner. La medida fue presentada como un acto de «honor, mérito y buen desempeño«, y según las autoridades, representará un ahorro para el Estado de más de 21 millones de pesos. Sin embargo, esta decisión ha reavivado el debate sobre las jubilaciones de privilegio y la doble vara del oficialismo en su aplicación.

Por un lado, el Ejecutivo pone en evidencia su disposición a retirar estos beneficios a quienes considera parte de la «casta» política, al menos en el caso de la ex presidenta. Pero, por otro lado, mantiene el beneficio para Zulema Yoma, exesposa de Carlos Menem, a pesar de las condenas por corrupción que pesaban sobre el expresidente al momento de su fallecimiento. Menem, condenado por corrupción y otros delitos, parece no haber afectado su «honor» desde la perspectiva del gobierno, que no ha cuestionado ni su legado ni el de otros aliados, como el expresidente Mauricio Macri, cuyas causas judiciales también quedan fuera del debate público.

La medida también pone en evidencia la discrecionalidad del oficialismo. Mientras Cristina Kirchner pierde su pensión, el actual Secretario de Turismo, Daniel Scioli, cobra una jubilación de privilegio que supera los cinco millones de pesos, sólo por haber sido vicepresidente de Néstor Kirchner. Esta doble moral contrasta con la situación de millones de jubilados en el país, quienes enfrentan un ajuste constante y luchan para llegar a fin de mes.

Quien salió a dar su versión al respecto fue Zulemita Menem, hija de Zulema y Carlos, quien explicó que aquella sentencia «no está firme ya que el Tribunal de Casación CONCEDIO Recurso Extraordinario planteado y en consecuencia se encontraban suspendidos los efectos de las sentencias hasta tanto no se expidiera la CSJN, razón por la cual en este caso tampoco tenía condena firme».

Este nuevo episodio en la política de jubilaciones de privilegio deja claro que, más allá de los discursos sobre la lucha contra la «casta«, el gobierno sigue protegiendo a sus propios aliados y socios, perpetuando un sistema que favorece a unos pocos mientras ajusta a los sectores más vulnerables. La verdadera pregunta es si se está dispuesto a terminar con este régimen de privilegios, o si todo esto no es más que una cortina de humo en la ya desgastada narrativa anticasta del oficialismo.