El deterioro de la red vial nacional se profundizó tras la decisión del Gobierno de frenar la obra pública en rutas nacionales desde diciembre de 2023. La situación generó reclamos de gobiernos provinciales, denuncias judiciales de municipios y ahora también alertas de medios internacionales que advirtieron sobre el impacto logístico y el aumento de accidentes.

Uno de los casos más recientes fue expuesto por el canal estatal alemán Deutsche Welle. En un informe especial, la señal europea señaló que la parálisis de obras impulsada por el gobierno libertario afectó la circulación, el transporte de cargas y la seguridad vial en distintas regiones del país. El reporte citó datos de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, que denunció que “el deterioro real” alcanza “un 70% de la red, afectando rutas estratégicas en todas las provincias”, como consecuencia de un recorte del 72% en la inversión vial desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El informe tomó como ejemplo un tramo de la Ruta Nacional 54, en Jujuy, clave para el acceso a dos minas y cuatro proyectos de litio. Allí, el tránsito constante de camiones pesados dañó la calzada y provocó un incremento de accidentes que, durante 2025, creció un 3% en la provincia. Según detalló Deutsche Welle, el gobierno jujeño abrió negociaciones con las empresas mineras para avanzar en reparaciones, aunque aclaró que no pudo hacerlo sin la autorización del Gobierno nacional.

En ese mismo contexto, en Jujuy se produjo una fuerte polémica por la conducción de Vialidad Nacional. En medio del deterioro de las rutas, el Gobierno nacional desplazó a la ingeniera Cristina Flores como jefa del Distrito Sexto y la reasignó a una asesoría creada en la misma jurisdicción. En su lugar, designó a un pediatra vinculado al espacio libertario, hecho que sumó cuestionamientos en una provincia atravesada por reclamos por la falta de mantenimiento vial. A nivel nacional, el organismo estuvo bajo la administración de Marcelo Campoy.

Mientras tanto, los reclamos judiciales contra el Gobierno se multiplicaron. En la provincia de Buenos Aires, uno de los casos más resonantes fue el de la Ruta Nacional 3. Por el colapso del tramo que atravesó su distrito, el intendente de Azul, Nelson Sombra, presentó una denuncia ante la Justicia junto a vecinos, organizaciones de usuarios y familiares de víctimas de siniestros viales.

La causa tramitó en el Juzgado Federal N° 2 de Azul y generó fuerte malestar local por la respuesta de Vialidad Nacional. En su descargo, el organismo negó toda responsabilidad sobre el estado de la ruta. “Niego que la Ruta Nacional 3 en el tramo que atraviesa el Partido de Azul, presente un deterioro significativo”, sostuvo la abogada de Vialidad, quien acusó al municipio de realizar “afirmaciones dogmáticas, pero sin vocación de demostrar mediante pruebas fehacientes sus dichos”.

Sin embargo, en el expediente judicial se incorporaron numerosos registros audiovisuales que expusieron el estado crítico de distintos tramos de la traza. A pesar de esas pruebas, el Gobierno mantuvo su postura y atribuyó los accidentes a la conducta de los usuarios. “En todo caso, esa siniestralidad es realidad debida a la negligencia, impericia y/o imprudencia del usuario conductor, y/o de la mala conservación de los vehículos que circulan por la mentada calzada y/o falta de control del uso del corredor vial”, afirmó la representación legal de Vialidad Nacional.

Así, mientras creció la judicialización y se sumaron advertencias desde el exterior, el Gobierno sostuvo su estrategia de recorte, en un escenario marcado por rutas deterioradas, conflictos institucionales y un aumento de los riesgos viales en distintas provincias del país.