La Torre de Periodistas, el edificio más alto de la ciudad de Neuquén durante la década del 70, volvió a ocupar un lugar central en la agenda judicial. A 50 años del golpe de Estado, el Juzgado Federal N.º 2 resolvió procesar con prisión preventiva a Sergio San Martín y Jorge Héctor Di Pascuale, exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército, por su participación en la usurpación del inmueble perteneciente a la Cooperativa de Vivienda del Periodista Limitada.

La cooperativa había sido creada en 1969 por trabajadores de prensa y fue la impulsora de la construcción del edificio. A pocos días de su inauguración, el 24 de marzo de 1976, efectivos militares cercaron la obra, desalojaron a los directivos a punta de fusil, secuestraron documentación y tomaron control administrativo del proyecto. La intervención dio inicio a un prolongado período de hostigamiento y persecución contra los integrantes de la cooperativa.

Según consta en la causa judicial, los militares designaron como interventor al mayor retirado Ulises Baca Cau y trasladaron la sede administrativa al Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña. Desde allí se ejecutó la maniobra de usurpación, que incluyó la asignación irregular de departamentos a distintas fuerzas armadas y de seguridad, sin compensación para los socios originales.

El juez Gustavo Villanueva consideró a los imputados partícipes necesarios de los delitos de allanamiento ilegal, robo y administración fraudulenta, en concurso real y vinculados a delitos de lesa humanidad. La resolución reconoce que los hechos se produjeron en el marco del plan sistemático de represión ilegal desplegado por la dictadura en la región, bajo directivas de “aniquilamiento” emanadas de la conducción militar.

El fallo sienta un precedente inédito al declarar la imprescriptibilidad tanto de la acción penal como de la acción civil, lo que abre la posibilidad de avanzar en la recuperación de los bienes usurpados. También confirma la venta irregular de terrenos linderos destinados a un centro cultural y cocheras, cuyos ingresos nunca regresaron a la cooperativa.

Para los sobrevivientes de la cooperativa, como Víctor Hugo, Dante y Rulli Aranda, la decisión judicial representa un paso fundamental tras décadas de silencios y complicidades estatales. Sin embargo, remarcan que la lucha continúa: exigen al gobierno provincial y al municipio de Neuquén que concreten el desalojo del edificio y avancen hacia una reparación histórica integral.

“Ahora viene lo más importante: que se haga efectivo el desalojo y se devuelvan las viviendas a sus legítimos dueños”, sostienen. Medio siglo después del asalto, la Torre de Periodistas sigue en pie en el centro de la ciudad. Ellos también.