La iniciativa fue ingresada mientras la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, anunciaba su visita a la Argentina tras ocho años, en el marco de una agenda de trabajo con el gobierno de Javier Milei.

Qué propone el proyecto

El objetivo central de la iniciativa es limitar la posibilidad de que el Ejecutivo firme nuevos acuerdos con el FMI sin debate legislativo. Para ello, establece que cada operación de crédito con organismos financieros internacionales deberá contar con una ley específica sancionada por el Congreso.

Según el texto, esa ley deberá detallar el monto máximo autorizado, el plazo de amortización, las condiciones del préstamo y el destino de los fondos.

Además, el proyecto prohíbe expresamente que este tipo de acuerdos puedan ser aprobados mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) o delegados a una comisión bicameral.

Derogación de la ley vigente

La propuesta, que consta de 22 artículos, plantea derogar la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y reemplazarla por un régimen más amplio.

También establece que serán «nulos de nulidad absoluta» aquellos acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales sin cumplir con el procedimiento previsto por la nueva normativa.

El proyecto cuenta con las firmas de otros 15 diputados de Unión por la Patria, entre ellos Germán Martínez, Cecilia Moreau, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Julia Strada, Sabrina Selva, Agustina Propato, Itai Hagman y Jimena López.

Críticas al acuerdo firmado por decreto

Uno de los principales fundamentos de la iniciativa apunta al DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones, equivalentes a unos 20.000 millones de dólares, sin tratamiento previo en el Congreso.

El texto sostiene que las operaciones que no respeten el nuevo régimen podrán ser declaradas nulas o consideradas inaplicables en el plano internacional. Además, prevé que los funcionarios que intervengan en esos acuerdos puedan ser responsabilizados por los eventuales daños ocasionados al Estado nacional.

Los principios del proyecto

La iniciativa se apoya en seis ejes principales: la soberanía económica, la corresponsabilidad entre acreedor y deudor, la legitimidad de las políticas macroprudenciales, la sostenibilidad de la deuda según la capacidad real de pago, la transparencia con control democrático y el fortalecimiento del multilateralismo.

En ese marco, el proyecto también introduce el principio de corresponsabilidad del FMI, al sostener que el organismo internacional debe asumir parte de la responsabilidad cuando aprueba programas que incumplen sus propias reglas o responden a motivaciones políticas.

Como antecedente, cita un informe de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI sobre el préstamo otorgado a la Argentina en 2018, que detectó divisiones internas dentro del organismo respecto al cumplimiento de los criterios de acceso excepcional y calificó esa operación como una «zona gris».

Asimismo, recuerda que durante ese período salieron del país 45.100 millones de dólares en formación de activos externos del sector privado, una cifra superior a los 44.500 millones de dólares desembolsados por el FMI, argumento que utiliza para cuestionar la eficacia y el destino de aquellos recursos.