En un encuentro de fuerte impacto político, el presidente Mauricio Macri almorzó con jueces de la Corte Suprema previamente a que el máximo tribunal resuelva sobre dos cuestiones de alta sensibilidad, la fórmula de ajuste de las jubilaciones y el pago del impuesto a las Ganancias de la casi totalidad de los integrantes del Poder Judicial, que están exentos del tributo. El mandatario recibió al titular de la Corte Carlos Rosenkrantz y a la vicepresidenta del cuerpo, Elena Highton de Nolasco. Del lado del Gobierno estuvieron también el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia Germán Garavano.

En medio de la crisis económica y del compromiso con FMI de lograr el objetivo de déficit fiscal cero para el 2019, el Gobierno está a la espera de que la Corte determine qué índice se debe aplicar en los casos de jubilados que hicieron juicio de actualización de haberes. El máximo tribunal podría definir una fórmula más elevada que la dispuesta por la Anses, lo que generaría un fuerte impacto en las arcas públicas, como anticipó TN.com.ar.

El fallo del máximo tribunal replicará en decenas de miles de casos similares (entre 95.000 y 150.000, según qué fuente se tome) y tiene en vilo al Gobierno, ya que una resolución contraria al Ejecutivo dispararía pagos multimillonarios en tiempos del anhelado déficit cero. El caso testigo corresponde a un jubilado llamado Luis Orlando Blanco: se jubiló en 2003, hizo un juicio por actualización de haberes, lo ganó y, al momento del cobro se encontró con que ANSES había cambiado los índices de actualización.

Hasta ahora se aplicaba el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic), pero la Anses le transfirió la cuestión a la Corte al pedir que se aplique otro índice, el de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). En la inmensa mayoría de los casos en juicio eso implicaría que los haberes se actualicen a la baja.

La Corte debe definir, además, sobre la medida provisoria dictada en noviembre de 2017 por el juez en lo contencioso administrativo Esteban Furnari, luego confirmada por Cámara, que dispuso que solo estén alcanzados por Ganancias quienes hayan ingresado a la Justicia a partir del 1° de enero 2017, siempre y cuando provengan por fuera de ese poder. Esta medida limitó el alcance de la ley sancionada por el Congreso, que determinaba que todos los funcionarios judiciales debían pagar el tributo.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Economía, este año el Estado se pierde de recaudar $ 7 337 millones por la exención, suma que se eleva a $ 9 854 millones para el año que viene.