“La pandemia ya tiene víctimas concretas: las pymes y los nuevos pobres COVID. En cuanto a las primeras, el programa de ayudas salariales ATP tiene un requisito particular que está excluyendo casi a la mitad de las pymes. Para poder ser beneficiario, el gobierno exige una caída de la facturación en términos nominales o, como máximo, una suba del 5% entre 2019 y 2020. El problema es que al no considerar la inflación -que en marzo rozó el 50% a nivel interanual (48,6%)-, se requiere una contracción en términos reales en torno al 30%. En cuanto a los segundos, son personas que siempre vivieron de su trabajo para sostener sus familias y hoy se acercan a las municipalidades, comedores y merenderos a pedir comida con vergüenza. Jamás dependieron de un plan social, no saben cómo tramitarlo y tampoco imaginaron que podrían llegar a necesitarlo”, explicó Lobos.

“Siempre supimos que la pandemia provocaría daños en la salud pública y en el entramado socio productivo del país. Transitar un delicado equilibrio entre ambos daños hoy es materia pendiente. Durante los dos primeros tramos de la gestión sanitaria se puso de manifiesto que eran prioridad mantener el número de fallecidos lo más bajo posible y preparar el sistema sanitario para que pueda dar respuesta cuando se tenga la necesidad social y económica de adentrarse en la flexibilización de la cuarentena. Durante las dos últimas prolongaciones del aislamiento social preventivo y obligatorio no se hizo hincapié en dos variables claves que según nuestro entender deberían ser claves para orientar las aperturas progresivas de los rubros productivos: cantidad de camas disponibles para terapia intensiva y porcentaje de ocupación de las mismas. El equilibrio entre los daños inevitables a la salud pública y al sector productivo pueden ser mitigados si las decisiones en materia de flexibilizar la cuarentena se toman mirando estas dos variables enunciadas”, agregó el dirigente de San Martín.

“Para finalizar dos reflexiones complementarias en cuanto a la gestión sanitaria de la pandemia. La primera más coyuntural apunta a mejorar la eficiencia en cuanto a la detección de contagiados en barrios vulnerables. Resulta llamativo que las autoridades ejecutivas municipales de San Martín resalten el éxito del programa DETECTAR que permitió llegar a 6.000 vecinos y detectar 17 casos sospechosos, mientras que la Coordinadora Nacional de Barrios de Pie sostuvo que las mencionadas intervenciones no se hicieron en profundidad y faltaron insumos médicos básicos. La segunda más estructural apunta a reforzar el sistema sanitario de atención primaria. El gasto de la red pública de atención primaria es casi un cuarto del gasto público en salud, pero menos del 10% del gasto total en salud del país, lo que evidencia que la financiación de la misma recae en el sector estatal y con fuerte participación de los municipios. El país posee más de 6000 centros de atención primaria, 55% provinciales y 45% municipales, su equipamiento básico indispensable es muy asimétrico por regiones y se detectan falencias en muchos de ellos. La mayoría tienden a concentrarse en los centros urbanos. La falencia actual de una red de atención primaria potente en el país contribuye a que intervenciones puntuales que hoy deben hacerse en el marco de la lucha contra el COVID resulten con grados de eficiencia bajos”, expresó Matías Lobos, exsubsecretario Nacional de Fronteras y de Formación Policial y Programas de Seguridad.